Después de años de polémicas, se cierra el capítulo de los camiones recolectores de basura adquiridos durante la alcaldía de Gustavo Petro. La implementación del programa Basura Cero, que buscaba desprivatizar el servicio de aseo en Bogotá, dejó pérdidas millonarias para el Distrito y cuestionamientos sobre su ejecución.
En 2012, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adquirió 278 vehículos recolectores por un valor de 78.000 millones de pesos, con el objetivo de operar directamente el servicio de aseo. Sin embargo, la falta de experiencia de la EAAB en esta área resultó en múltiples problemas logísticos y técnicos.
Crisis sanitaria y camiones defectuosos
Los primeros vehículos llegaron oxidados, lo que obligó al entonces alcalde a decretar una alerta amarilla por cuatro meses. En medio de la crisis, se recurrió a volquetas abiertas para recoger basura, situación que generó una emergencia sanitaria en la capital. Ante la incapacidad de Aguas Bogotá, filial del Acueducto, para asumir el 100 % del servicio, se reactivaron contratos con operadores privados.
En total, solo 116 de los camiones adquiridos entraron en operación, mientras que 39 unidades nunca funcionaron debido a defectos de fábrica. En diciembre de 2013, este fiasco llevó al entonces procurador Alejandro Ordóñez a destituir e inhabilitar a Petro. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó al Distrito con 75.000 millones de pesos por violar las normas de libre competencia.
El costo del fracaso
Años después, en 2019, durante la administración de Enrique Peñalosa, el Distrito decidió vender los vehículos. Un peritaje determinó que 145 camiones eran irreparables y debían ser chatarrizados, mientras que 130 podían ser subastados. En total, la venta y chatarrización de los vehículos permitió recuperar solo 6.190 millones de pesos, apenas el 8 % de la inversión inicial.
Según los registros, 272 camiones fueron desintegrados o vendidos, uno fue donado y cinco reintegrados al servicio del Acueducto. Este desenlace evidenció las millonarias pérdidas para la ciudad y el colapso de un modelo que pretendía ser una alternativa sostenible, pero que dejó las calles llenas de basura y las arcas distritales vacías.
La anulación de la sanción fiscal
En mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló un fallo de responsabilidad fiscal que obligaba a Petro a pagar 22.000 millones de pesos por las irregularidades del programa. El presidente, tras esta decisión, defendió su modelo de Basura Cero, señalando que el fallo hacía justicia con su política. Sin embargo, evitó mencionar las enormes pérdidas económicas que sufrió Bogotá durante y después de su mandato.
Este caso se suma a otros cuestionamientos sobre las decisiones administrativas del actual presidente durante su gestión como alcalde, dejando un legado de críticas y dudas sobre su capacidad de implementación en proyectos clave para la ciudad.
