La Procuraduría General de la Nación alertó de graves fallas administrativas tras una inspección que realizó a la Imprenta Nacional sobre el contrato para fabricar y suministrar pasaportes en Colombia.
La visita fue liderada por el procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgosa, quien estuvo acompañado de un equipo especial que le hace seguimiento a esta licitación, la cual ha generado una gran controversia en el país y una preocupación sobre la disponibilidad de pasaportes en Colombia.
Al concluir la visita que se realizó en el occidente de Bogotá, el equipo del ente de control confirmó que halló “respuestas vacías, contradictorias y poco convincentes” de parte de los funcionarios de la Imprenta Nacional, que tuvieron que justificar la necesidad y los estudios previos para la celebración del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Portugal, para la fabricación y el suministro de ese documento.
“Encontró documentos sin fundamentos y otros que pusieron de presente la falta de aplicación del manual de contratación de la Imprenta, frente a la metodología, planeación, estudios previos y técnicos para la firma de dicho acuerdo», se detalló desde la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública.
Uno de los hallazgos más delicados tiene relación con la solicitud del sustento fiscal y financiero que se realizó para adquirir compromisos por más de 1,3 billones de pesos. Sobre ese detalle, el ente de control halló que se proyectó el uso de vigencias futuras hasta 2036, sin ni siquiera tener la autorización del Consejo de Política Económica y Fiscal (Confis) ni el Conpes.
La inspección dejó en evidencia que esos requisitos no se cumplieron a pesar de que lo ordena el estatuto orgánico del presupuesto, sumado a que “no se presentó ante la junta directiva el procedimiento o los cálculos para estimar el valor del contrato”.
Por su parte, la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, tampoco dio respuestas “claras ni satisfactorias” frente a la ausencia de actas de sesiones de la junta directiva y las firmas, frente a la forma en que se debía celebrar de manera previa la suscripción de dicho acuerdo.
“Todo esto, además de apuntar a la improvisación en la celebración del acuerdo, pone en riesgo la expedición de los pasaportes y graves afectaciones a los derechos de los colombianos”, fue una de las advertencias más delicadas de la Procuraduría.
Mientras la Procuraduría alertó que el país se podría quedar sin pasaportes, la canciller (e) Rosa Yolanda Villavicencio afirmó en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que “se creó una crisis falsa, porque esa crisis no ha existido”. Las evidencias dicen lo contrario.
RS
