En su opinión, la solución no radica en un nuevo marco jurídico, sino en fortalecer la capacidad del Estado para ejercer la fuerza legítima.
La directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Goebertus, expresó su preocupación por la estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro para abordar la situación en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, marcada por el conflicto armado y la presencia de grupos criminales.
Según Goebertus, el enfoque del gobierno de declarar una conmoción interior mediante un decreto, que otorga al Ejecutivo la capacidad de emitir leyes de emergencia, no es la solución adecuada para resolver la crisis en esta zona.
La experta en derechos humanos señaló que el verdadero desafío en el Catatumbo es la implementación de una política de seguridad efectiva que desarticule las redes de crimen organizado y los actores armados que operan en el territorio.
En su opinión, la solución no radica en un nuevo marco jurídico, sino en fortalecer la capacidad del Estado para ejercer la fuerza legítima, combinada con una eficaz administración de justicia. Goebertus subrayó que Colombia ha logrado avances significativos en la reducción de homicidios y otros crímenes en las últimas décadas, sin necesidad de nuevas leyes, utilizando el marco jurídico existente.
Además, Goebertus advirtió que el gobierno debe concentrarse en desmantelar las estructuras que financian y fortalecen a estos grupos criminales, como las redes de lavado de activos y reclutamiento. “Es lo que no se está haciendo, y para eso no se necesitan nuevas leyes”, aseguró.
Según la directora de Human Rights Watch, la Fuerza Pública tiene la capacidad y el profesionalismo necesario para enfrentar estos desafíos dentro del marco legal vigente, siempre que haya una estrategia coherente y un liderazgo claro desde el ejecutivo.
Otro de los puntos abordados por Goebertus fue la caracterización de los grupos armados ilegales. En este sentido, la directora destacó la importancia de una correcta identificación de los actores involucrados en el conflicto, haciendo énfasis en que es crucial reconocer a los miembros del ELN como parte en el conflicto armado, lo que permitiría la aplicación del derecho internacional humanitario y el uso legítimo de la fuerza.
Para Goebertus, la falta de una caracterización precisa de los distintos grupos armados ha sido un obstáculo para una respuesta adecuada a la situación de seguridad en el país.
Finalmente, la experta hizo una distinción importante entre las organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que considera un grupo de crimen organizado y no una parte en el conflicto armado, y los grupos insurgentes como el ELN y las disidencias de las FARC, que sí deben ser tratados como partes en el conflicto, con lo que ello implica en términos de estrategia militar y jurídica.
