En Colombia, la justicia y la educación han alcanzado un nivel de innovación que ya quisiera Silicon Valley. Mientras en Estados Unidos lanzan cohetes al espacio, aquí inventamos jueces que no son jueces y profesionales que se gradúan sin exámenes. ¡Todo un laboratorio del realismo mágico, versión Petro!
El caso de la señora Sandra Milena Heredia Aranda, la jueza que se atrevió a condenar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, es digno de manual. Resulta que, según documentos revelados por la prensa, la dama ni siquiera estaba legalmente habilitada como jueza de la República. O sea, condenó al expresidente como quien juega al Monopoly: con credenciales compradas en la caja del supermercado. Imagínese usted: una justicia donde cualquiera con toga y martillo puede decidir el futuro del país, aunque el diploma de juez esté tan trucho como un Rolex comprado en San Andresito.
Pero no se vayan, que el menú trae doble combo. Llega a la mesa la doctora Juliana Guerrero, quien apareció con título bajo el brazo como si fuera premio de tómbola. Sin Saber PRO, sin tarjeta profesional, sin experiencia… y aún así ya suena para altos cargos del gobierno. ¡Qué velocidad! Mientras miles de jóvenes en Colombia sudan sangre para graduarse, esta señorita logró lo que ni Harry Potter: un título exprés salido de una universidad generosa, por no decir descarada. ¿Será que en la oficina de diplomas había un “dos por uno” en promociones?
Y aquí está el punto: ¿qué tienen en común estas dos joyas? Muy sencillo. Ambas encajan en el libreto de un gobierno que ha hecho de la mediocridad un modelo de Estado. Petro y su séquito saben que necesitan fichas obedientes, no competentes. Porque un juez con méritos, o una funcionaria con carrera sólida, podría levantar la voz. Y eso no se tolera en el circo donde la única voz válida es la del amo que toca la campana desde la Casa de Nariño.
La estrategia es transparente: deslegitimar a los enemigos políticos usando piezas judiciales dudosas y, al mismo tiempo, llenar los ministerios de burócratas improvisados que agradecen su “milagro académico” con lealtad ciega. Una receta infalible para perpetuar el poder: inseguridad jurídica más incompetencia universitaria, mezcladas en la olla podrida de la politiquería.
Mientras tanto, el país real —ese que madruga, paga impuestos y sueña con un trabajo decente— observa cómo su futuro es hipotecado por jueces de papel y profesionales de fantasía. Eso sí, desde el Palacio dirán que todo es parte de la “transformación social”. Y puede que tengan razón: estamos presenciando la transformación de Colombia en una caricatura.
En fin, aquí seguimos: con justicia que no es justicia, títulos que no son títulos y un gobierno que no gobierna, pero que se felicita a sí mismo como si viviera en la Suiza latinoamericana.
Al fin y al cabo, en el país de Petro la justicia se improvisa y los diplomas se imprimen. El único examen serio es el que rendimos los ciudadanos cada día: sobrevivir.
