Por: Oscar Medina Gómez
Marisela Duarte tambalea. Puede perder su cargo como Diputada de Casanare. Este caso pone a prueba la integridad ética en la política regional.
La reciente admisión de la demanda de pérdida de investidura contra la diputada Marisela Duarte Rodríguez -esposa de Alirio Barrera, exgobernador de Casanare y actual Senador a nombre del Centro Democrático- por parte del Tribunal Administrativo de Casanare, no sòlo evidencia un posible hecho de vulneración del régimen de inhabilidades e incompatibilidades como diputada, sino que expone una vez más las profundas grietas éticas en el ejercicio de lo público. Evidencia los abismos que hay entre el hablar y el actuar, cuando se ostenta un cargo de elección popular.
La denuncia, presentada por Nay González, -candidato a la Asamblea Departamental que fue groseramente derrotado- pone en el centro del debate una actuación que, de confirmarse, estaría lejos de los estándares de imparcialidad y transparencia que exige el cargo de diputada.
Marisela, al parecer, votò en contra de su propia recusación y luego participò en la eleccion fallida de Katerine Salinas a la Secretaria general de la Asamblea. El denunciante asegura que ella nunca debió votar por Katerine, porque existía un evidente conflicto de intereses, según las pruebas aportadas.
De ser cierto, este comportamiento sería un acto que atenta contra la confianza ciudadana en las instituciones y el sistema democrático.
Ahora, por encima de la controversia jurídica, este caso plantea interrogantes sobre el respeto de los políticos hacia las reglas de juego que ellos mismos están llamados a defender y poner en práctica. La figura de pérdida de investidura, creada para salvaguardar la integridad de los cuerpos colegiados, se ha convertido en un mecanismo necesario para frenar los abusos de poder y las actuaciones alejadas del deber constitucional.
Sin embargo, su eficacia depende de que la ciudadanía exija rendición de cuentas y de que los tribunales actúen con celeridad y firmeza.
Por otro lado, el caso de Marisela Duarte Rodríguez también destaca el contexto político de ella. Logró una importante votación como candidata a la Gobernación de Casanare bajo la bandera del Centro Democrático: cerca de 90 mil votos frente a los 142 mil que encumbraron a César Augusto Ortiz Zorro como actual gobernador de los casanareños.
Este hecho pone de manifiesto una paradoja: mientras el respaldo electoral habla de un reconocimiento popular de la diputada, sus acciones en la Asamblea plantean serias dudas sobre su compromiso con los principios éticos y democráticos.
No se puede despabilar , eso sí, en que Nay González, el denunciante, actualmente tiene un contrato con la Gobernación de Casanare. Es decir, recibe dineros públicos. Aquí también se abre un flanco objeto de suspicacias: ¿obedece la demanda a un “mal perdedor “? ¿A un sujeto “mala leche? Pareciera que la intención de Nay tiene apestosos ingredientes politiqueros que debilitan su accionar y lo pueden dejar muy mal parado.
Sin embargo, esto no debe desviar la atención, el foco del tema: ¿cumplió o no la esposa del senador Alirio Barrera con los estándares éticos y legales que su cargo como Diputada de Casanare le exigen?
Este proceso no sòlo es una prueba para la diputada, sino para todo el sistema político de Casanare. La resolución de este caso sentará un precedente. Sea para reafirmar la importancia de la transparencia en el ejercicio público o, en el peor de los escenarios, para reforzar la percepción de que las normas apenas se aplican para algunos. Para los de ruana. Como se dice vulgarmente.
En un país que sigue luchando contra la corrupción y los mezquinos intereses particulares en el poder, no se puede tolerar la falta de imparcialidad de quienes ocupan cargos públicos. Más cuando en el voto popular están representados los anhelos de la gente.
Estos hechos jamás deben ser vistos ni percibidos como asuntos aislados. No. Son oportunidades para fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana en los que se auto- rotulan de “líderes”.
El Tribunal Administrativo de Casanare tiene la responsabilidad entonces de emitir una decisión que no solo sea justa, sino ejemplar. Digo yo.
Oscar Medina Gómez
