En Colombia no hay fantasmas en las calles, pero sí en los contratos. La Unidad para las Víctimas, entidad creada para reparar a quienes sufrieron la violencia, hoy está en el ojo del huracán tras las denuncias reveladas por Semana: compras con presuntos sobrecostos y hasta kits para “ahuyentar malos espíritus”.
Según la investigación, la entidad habría sido capturada por un clan político de Santander, clave para el Gobierno Petro en el Congreso. Entre los nombres señalados están el senador Gustavo Moreno y el actual director de la Unidad, Adith Romero, quienes ahora enfrentan la lupa de los entes de control.
Los hallazgos generan indignación: mientras las víctimas esperan atención digna, los recursos estarían siendo destinados a contratos cuestionables, facturas infladas y artículos que parecen sacados de una feria esotérica. Porque claro, en vez de invertir en reparación real, se prefirió gastar en “kits energéticos” para espantar entes invisibles.
Este escándalo abre preguntas de fondo:
¿Quién controla realmente los recursos de la Unidad? ¿Cuántos contratos más esconden sobrecostos bajo la etiqueta de “bienestar”? Y lo más importante: ¿hasta cuándo las víctimas tendrán que seguir pagando los platos rotos de la politiquería?
Por ahora, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría ya pusieron la lupa sobre los contratos. Lo cierto es que, entre brujerías, favores políticos y negocios turbios, la Unidad para las Víctimas parece estar más ocupada en espantar fantasmas que en reparar a los sobrevivientes del conflicto.
