El Grupo Keralty, principal accionista de Sanitas EPS, emitió un manifiesto en el que denunció que la intervención estatal dejó como saldo la escasez de medicamentos esenciales, el colapso de las redes de atención y un sistema de salud erosionado hasta sus cimientos.
La compañía señaló que la medida gubernamental fue una estrategia deliberada para desmantelar un modelo que había servido eficientemente a millones de colombianos, y calificó la actuación como “irresponsable y antihumana”.
De cara a la restitución administrativa, Keralty exigió al Gobierno Nacional:
El cumplimiento inmediato, incondicional e integral del fallo de la Corte Constitucional que declaró ilegal la intervención. La reparación efectiva e inmediata del daño causado a la red de atención y a los usuarios. El pago de las obligaciones pendientes y la garantía de estabilidad financiera para la EPS, con el fin de asegurar la continuidad del servicio. El cese definitivo de las campañas de desinformación que, según la empresa, han generado división y desconfianza en la sociedad.
En su declaración, Keralty aseguró que no busca venganza sino justicia, y advirtió que la sociedad colombiana “no olvidará” lo sucedido. También expresó su compromiso con la reconstrucción del sistema de salud y con la atención digna de los usuarios.
