La Procuraduría General de la Nación ha llamado a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalándolo como presunto responsable de la grave crisis de desabastecimiento de medicamentos que afectó a Colombia en 2023. Según el organismo de control, el alto funcionario del Gobierno Petro solo tomó medidas frente a la emergencia por orden judicial, incumpliendo su deber de actuar de manera diligente en el ejercicio de sus funciones.
En un comunicado oficial, la Procuraduría informó que formuló un pliego de cargos contra el ministro Jaramillo por su presunta omisión en la implementación de estrategias oportunas para prevenir y solucionar la escasez de medicamentos e insumos médicos. Según la investigación preliminar, asociaciones médicas alertaron en reiteradas ocasiones sobre el riesgo de desabastecimiento que afectaba a más de 2,351 medicamentos esenciales, sin que desde el Ministerio de Salud se adoptaran medidas efectivas.
El caso cobró mayor relevancia en octubre de 2023, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una orden judicial, tras una acción popular interpuesta por la Procuraduría y diversas asociaciones médicas, para que el Ministerio actuara frente a la crisis. Fue solo entonces, en noviembre, cuando Jaramillo expidió la Resolución 1896, elaboró un plan de trabajo y presentó un plan de acción con estrategias concretas para mitigar la problemática.
El procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, Esiquio Sánchez, argumentó que las acciones del ministro se limitaron a dar cumplimiento a una orden judicial, en lugar de atender la crisis de manera proactiva y conforme a las responsabilidades inherentes a su cargo. «El doctor Jaramillo Martínez solo planeó y ejecutó acciones concretas mediando una orden de un tercero, cuando debió hacerlo por el simple cumplimiento diligente y eficiente de sus funciones», afirmó Sánchez.
La omisión de Jaramillo, según la Procuraduría, habría afectado gravemente el derecho fundamental a la salud de miles de colombianos, dejando en evidencia fallas estructurales en la gestión de su cartera. Este proceso disciplinario guarda similitudes con el caso del excanciller Álvaro Leyva, quien fue sancionado con 10 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos debido a irregularidades en la contratación de pasaportes.
El juicio disciplinario contra el ministro Guillermo Jaramillo se perfila como un caso clave para evaluar las responsabilidades de los altos funcionarios frente a la gestión de crisis en sectores sensibles como la salud pública. La falta, calificada como grave a título de culpa, pone en entredicho no solo la gestión del ministro, sino también las políticas del Gobierno Petro en esta área fundamental.
