La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso significativo en la preservación de la memoria histórica del país al recibir el diagnóstico integral del fondo documental del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Este análisis fue presentado el 27 de diciembre como parte de las medidas cautelares ordenadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, con el objetivo de garantizar el acceso y conservación de esta valiosa documentación.
Garantizar derechos y preservar el pasado
El diagnóstico, elaborado por el Archivo General de la Nación y presentado por su director, Francisco Flórez Bolívar, al magistrado Óscar Parra Vera, tiene como propósito asegurar la conservación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados, con énfasis en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado.
El análisis detalla el estado de los documentos físicos y digitales, y propone 32 recomendaciones para su preservación y acceso. Este proceso no solo busca salvaguardar el patrimonio documental, sino también facilitar la desclasificación de información producida por los agentes del DAS durante el conflicto.
Un fondo documental de gran dimensión
El archivo del DAS, custodiado por el Archivo General de la Nación, está compuesto por 57.544 unidades de conservación, que representan más de 14.000 metros lineales de documentos, además de 47.829 medios digitales y magnéticos. Entre estos se incluyen servidores, disquetes, casetes y cintas, distribuidos en depósitos ubicados en Bogotá y Funza, Cundinamarca.
Acceso para las víctimas: una prioridad
El informe destaca la necesidad de garantizar el acceso de las víctimas a la información contenida en estos archivos. Entre las recomendaciones clave figura la implementación de un sistema integral de organización documental, que contemple la digitalización y tecnologías avanzadas como el Reconocimiento Óptico e Inteligente de Caracteres (OCR e ICR), para mejorar la accesibilidad y preservar el material.
Además, se subraya el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Miembros del CAJAR vs. Colombia”, que obliga al Estado a permitir que las víctimas consulten, corrijan o eliminen registros que les afecten.
Un avance crucial para la justicia y la verdad
El magistrado Óscar Parra Vera destacó que este esfuerzo marca un avance importante para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos. “Este es un paso crucial para permitir el acceso a estos archivos, lo cual es clave para luchar contra la impunidad”, afirmó, reiterando la importancia de la desclasificación en el proceso de búsqueda de la verdad y justicia en Colombia.
El diagnóstico y las acciones derivadas representan un compromiso ineludible con las víctimas y la memoria histórica del país, reafirmando la labor de la JEP como garante de la verdad y la justicia en el contexto del conflicto armado.
