Ocho generales del Ejército y la Policía denunciaron ante La Revista SEMANA que la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, habría interferido de manera directa en operaciones e investigaciones adelantadas por la fuerza pública contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios en Antioquia.
Según los testimonios, respaldados por mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y comunicaciones formales, la congresista y personas de su círculo cercano habrían presionado a altos mandos militares y policiales para frenar combates, cuestionar operativos y solicitar “consideraciones” frente a acciones legítimas del Estado contra grupos armados ilegales.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 17 de julio de 2023 en Ituango, cuando tropas del Ejército sostenían combates con los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc. En medio de la operación, la senadora Zuleta se comunicó con oficiales en terreno solicitando que se detuviera el combate, alegando que se trataba de mineros, pese a que los reportes oficiales indicaban que los atacantes estaban armados, uniformados y acompañados por menores de edad.
Ese mismo día, un asesor de la senadora, identificado como Johan Edisson Giraldo, contactó a un general del Ejército para advertirle sobre personas específicas que, según él, estaban siendo “perseguidas”, pidiendo evitar una “equivocación”. El operativo dejó dos soldados muertos, un cabecilla abatido y tres menores armadas rescatadas.
Las presiones no fueron aisladas. Días antes y después, el mismo asesor y familiares de la senadora habrían cuestionado decisiones operativas frente al avance del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN en municipios como Briceño, Amalfi y otras zonas del nordeste y Bajo Cauca antioqueño.
Altos mandos de la Policía también relataron reclamos reiterados de Zuleta contra operativos de gran envergadura contra la minería ilegal, así como su inconformidad cuando investigaciones oficiales vinculaban a estructuras de las disidencias de las Farc. En reuniones en Bogotá, la congresista habría cuestionado abiertamente procedimientos liderados por generales que enfrentaron de manera frontal al Clan del Golfo y a la Oficina de Envigado.
De acuerdo con oficiales activos, Zuleta también habría expresado su preocupación por capturas y golpes judiciales que, según ella, afectarían las mesas de diálogo impulsadas por el Gobierno Petro en el marco de la llamada “paz total”, particularmente en la cárcel de Itagüí.
El malestar en las Fuerzas Militares y la Policía es profundo. Varios oficiales admitieron que accedieron a entregar información o atender reclamos por temor a represalias en sus carreras, dada la influencia política que la senadora presume tener sobre el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa.
Ante la gravedad de los hechos, la cúpula militar alertó formalmente al Ministerio de Defensa, a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación. Para los uniformados, no existe justificación legal para frenar operaciones, más aún cuando no había ceses al fuego vigentes con las estructuras criminales involucradas.
Hasta el cierre de esta publicación, la senadora Isabel Cristina Zuleta no respondió las solicitudes de SEMANA para dar su versión.
En un país golpeado por la violencia y el crimen organizado, resulta inadmisible que una congresista pretenda usurpar funciones de la fuerza pública o interferir en su labor constitucional de proteger a los colombianos.
