La gestión de las entidades prestadoras de salud (EPS) bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud ha quedado en el ojo del huracán. Designaciones realizadas por el exsuperintendente Luis Carlos Leal habrían incumplido los requisitos técnicos exigidos, según revelaciones recientes. El actual superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, evalúa relevar a los agentes interventores nombrados, en un intento por corregir posibles irregularidades.
El problema radica en que varios interventores designados por Leal no figuran en el Rilco (Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores), una base de datos oficial que avala la experiencia y capacidad técnica de los profesionales encargados de gestionar recursos del sector salud. Entre las EPS afectadas por estas designaciones se encuentran Emssanar, Asmet Salud, SOS EPS, Nueva EPS y el Hospital Departamental María Inmaculada. De estas, solo el administrador provisional de Sanitas, Duver Dicson Rojas, cumple con el registro en el Rilco.
Casos emblemáticos de designaciones cuestionadas
Uno de los ejemplos más relevantes es el de Emssanar, cuyo interventor, César Augusto Sánchez, fue designado en mayo, a pesar de no estar registrado en el Rilco. Una situación similar se presenta en Asmet Salud, donde Javier Ignacio Cormañe ocupa el cargo sin cumplir los requisitos.
La intervención de la Nueva EPS, la prestadora más grande del país, es particularmente polémica. Julio Alberto Rincón fue nombrado interventor, desplazando a Aldo Cadena, un funcionario cercano al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, Rincón tampoco figura en el Rilco.
En el caso de SOS EPS, los bienes fueron entregados a Carlos Marino Escobar, quien también está fuera del registro oficial. Esta problemática no se limita a las EPS: el Hospital Departamental María Inmaculada, intervenido en agosto, fue asignado a Rigoberto Osuna García, quien igualmente carece de los registros requeridos.
Repercusiones legales y cuestionamientos al proceso
El caso del Hospital Departamental María Inmaculada ya generó un precedente jurídico. El pasado 21 de octubre, el Tribunal Administrativo de Caquetá suspendió la designación del agente interventor tras admitir una demanda de nulidad electoral. Este fallo podría abrir la puerta a que otras intervenciones sean anuladas en los tribunales, debilitando las decisiones tomadas por Leal.
Además, surgen dudas sobre el papel de las contralorías encargadas de supervisar estas intervenciones. Firmas como Nexia y McGregor, responsables de auditar los procesos, deberán esclarecer si hubo omisiones en la vigilancia que permitieron estas irregularidades.
Impacto de las intervenciones en las EPS
Las medidas adoptadas por la administración de Leal no han mostrado resultados positivos. Por ejemplo, la intervención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente en Cundinamarca, ordenada en abril, empeoró los estados financieros de la entidad, según advertencias de la Secretaría de Salud de Bogotá.
Frente a estas revelaciones, el nuevo superintendente, Giovanni Rubiano, ya ha iniciado cambios. Recientemente nombró a Bernardo Armando Camacho como interventor de Nueva EPS y podría reemplazar a otros agentes en los próximos días.
La situación pone en entredicho las decisiones tomadas por Leal y subraya la necesidad de transparencia y rigor técnico en la gestión de recursos de salud, un sector vital para el país.
