Ya fue interpuesta una acción de tutela solicitando la suspensión provisional del decreto firmado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, mediante el cual se definió un aumento del 23,78% en el salario mínimo para el año 2026.
La acción judicial busca frenar los efectos del decreto mientras se evalúan los argumentos de fondo que cuestionan la legalidad de la decisión adoptada por el Ejecutivo.
El incremento salarial, anunciado de manera unilateral por el Gobierno, ha generado controversia y ahora enfrenta su primer reto jurídico en los estrados.
