Insólito: La Fiscalía General descubrió que Claudia Elena Lozano Doria ejerció como Fiscal durante 13 años sin ser abogada
Entre 2000 y 2013, Claudia Elena Lozano Doria navegó con aparente éxito por el sistema judicial colombiano, desempeñándose en diversos cargos de alta responsabilidad dentro de la Fiscalía General de la Nación. Durante su carrera, llegó a solicitar órdenes de captura, dirigir investigaciones, y tomar decisiones clave en casos judiciales, como el solicitado para el exdirector seccional del DAS, Yohn Carlos Cuéllar Gómez, en 2008.
Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito se ocultaba un fraude monumental. Lozano Doria, que había alcanzado posiciones de gran prestigio, nunca obtuvo un título en Derecho ni contaba con una tarjeta profesional de abogada. Su ascenso se basó en documentos falsificados: copió la hoja de vida y la tarjeta profesional de una amiga, María Consuelo Mestre, para obtener su cargo como técnica judicial en Montería en 2000. A partir de allí, y valiéndose de estos documentos fraudulentos, logró escalar rápidamente dentro de la Fiscalía.
El engaño se descubrió cuando intentó ingresar a la Judicatura para ocupar un puesto de juez de ejecución de penas en Valledupar, presentando nuevamente los mismos documentos falsos. Al verificar su número de cédula en el sistema, se detectaron inconsistencias y se confirmó que no existía ningún registro de abogada bajo ese nombre.
El caso de Lozano Doria sacudió a las instituciones judiciales y reveló serias fallas en los procedimientos de verificación. Pese a los intentos de su defensa por culpar a los funcionarios encargados de su nombramiento, el juzgado fue claro en su decisión: los funcionarios asumieron que la autoridad encargada había verificado los requisitos necesarios para el cargo.
Finalmente, la justicia condenó a Claudia Elena Lozano Doria a doce años y nueve meses de prisión. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá, que también pidió a la Universidad del Sinú tomar medidas respecto a los documentos falsificados. La falsa fiscal enfrenta además un sinfín de denuncias penales y demandas civiles por sus actuaciones ilegales.
Medios regionales han reportado también un testimonio que la vincula con la recepción de 350 millones de pesos para devolver un cargamento de droga incautado por el DAS en Montería. Además, el proceso contra el exdirector del DAS en La Guajira, solicitado por Lozano Doria, fue desestimado en 2010 por falta de evidencia, y el exfuncionario que estuvo en prisión durante tres años ha demandado al DAS y al Inpec por la pérdida de su cargo y el prolongado tiempo en prisión.
El caso ha dejado en evidencia la necesidad de una revisión más rigurosa de los procesos de verificación de documentos en el ámbito judicial para evitar fraudes similares en el futuro.
