El decreto Atea, firmado por el Gobierno Petro, le entrega facultades al Cric para decidir sobre las fuentes hídricas del Cauca. Hay tensión con otras organizaciones étnicas y sociales.
Los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) ahora son, en la práctica, los administradores del agua en ese departamento. La premisa no es exagerada: así quedó estipulado en el Decreto 1094 de 2024, firmado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en agosto del año pasado. El documento les otorga a las autoridades indígenas del Cric facultades plenas para gestionar y decidir, bajo sus propios sistemas de gobierno y cosmovisiones ancestrales, el uso de los recursos hídricos.
En otras palabras, son los cabildos indígenas adscritos al Cric quienes deciden qué se hace con el agua que fluye en el territorio caucano. Aunque el decreto fue presentado como un avance histórico hacia la autonomía territorial de los pueblos originarios, hoy ha desatado una fuerte controversia entre campesinos, afrodescendientes y otros grupos indígenas que se sienten excluidos y sometidos a un nuevo poder centralizado.
El decreto, que instauró lo que el Gobierno llamó la Autoridad Territorial, Económica y Ambiental (Atea), entrega al Cric un rol preferente –y exclusivo– sobre múltiples aspectos sociales y ambientales, incluyendo el manejo del agua en sus territorios ancestrales. Pero el detalle crítico es que estos territorios se superponen con la mayoría del departamento, y eso ha generado tensiones con otras comunidades que históricamente han habitado y trabajado estas tierras.
“Ahora no solo debemos ir a la CRC (Corporación Autónoma Regional del Cauca), sino que también tenemos que pedirle permiso al Cric para sacar agua de la quebrada que cruza nuestra finca. Y en algunos casos, incluso hay que pagar. ¿Qué clase de justicia ambiental es esa?”, denuncia con indignación Héctor Valverde, líder campesino de la vereda Quinamayó, en Santander de Quilichao.
