Tras las pesquisas que abrió por las denuncias de irregularidades en la compra, por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, se conocieron los hallazgos de una indagación preliminar de la Contraloría que señalan por lo menos 10 ‘pecados’ en este cuestionado contrato, que llevó a la salida de Olmedo López de la dirección de la UNGRD.
De acuerdo con los hallazgos del órgano de control, “es evidente que no hubo una selección idónea y objetiva de las tres empresas que presentaron cotización para esta Orden de Proveeduría”, se lee en un informe.
La falta de selección objetiva
Uno de los llamados de atención más fuertes tiene que ver con que para la Contraloría todo se cuadró para que el contrato se le entregara a la empresa Impoamericana Roger SAS y no hubo un proceso de selección idóneo.
Esto se afirma, de un lado, porque los objetos sociales de las tres empresas cotizantes y particularmente de la que finalmente se quedó con el contrato, “no incluyen la venta de carrotanques”.
También se cuestiona que las actividades económicas de Impoamericana Roger SAS no se ajustaban al objeto indicado en la orden de proveeduría Nro. SMD-GS-CTQ-192-2023 suscrita por la UNGRD.
“Resulta inexplicable que una empresa como Impoamericana Roger SAS, con un patrimonio neto en 2023 de solo $207’462.694 y con un escaso capital de trabajo del mismo valor sea escogida e invitada a cotizar y resulte adjudicataria de una compraventa de carrotanques por $ 46.800 millones (incluido IVA) que, a diferencia de las otras dos cotizaciones presentadas a la UNGRD, propuso que no requería anticipo, y cuyo valor unitario cotizado ($ 1.280 millones/carrotanque, incluido IVA) era el más lejano del valor promedio de las 3 cotizaciones presentadas ($ 1.170 millones, incluido IVA), que, según la UNGRD, fue el criterio principal para realizar la adjudicación de la Orden de Proveeduría”.
En este mismo punto también se menciona que “hubo una sorprendente celeridad en el trámite y suscripción” de la orden de proveeduría, pues todo el trámite se hizo en cuestión de unas pocas horas el 12 de octubre de 2023.
De hecho, la Contraloría documentó que en la mañana del 12 de octubre del año pasado mediante un correo electrónico se invitó a tres empresas a participar en el proceso y ese mismo día las empresas Alexander Pastas-Impoamericana Roger SAS, Luket SAS y Brand SAS hicieron llegar sus respectivas cotizaciones. Para el organismo resulta al menos curioso que cinco horas antes de vencer el plazo las empresas ya tenían listas sus propuestas. Además, se encontró que el proceso para definir el ganador tomó solo 11 minutos.
Y aún más grave, dice la Contraloría, es que las cotizaciones de Luket y Brand “curiosamente no están presentadas en papelería con sus logos, sino con los de la UNGRD”.
En ese sentido, la Contraloría afirma que realmente no hubo competencia entre las empresas cotizantes y “todo estuvo dirigido a que resultara como adjudicataria la empresa Impoamericana Roger SAS, que justamente presentó la oferta más alta y que tenía la menor capacidad y experiencia para este tipo de suministros”.
Además, cuando la Contraloría visitó el inmueble ubicado en la dirección suministrada por el proveedor Impoamericana Roger SAS, el mismo se encontró «deshabitado y en venta desde antes de suscribirse la orden de proveeduría en octubre de 2023».
Nexos entre las empresas
Además de que el proceso contractual al parecer se hizo para que ganara una empresa en particular, la Contraloría también encontró que los proveedores que fueron escogidos por la UNGRD para que presentaran cotización “tienen relaciones familiares, comerciales y personales entre ellos, por tal razón, la UNGRD no realizó una selección que evidenciara competencia, objetividad y transparencia en el proceso de selección y adjudicación”.
El informe detalla los nexos entre las empresas que fueron convocadas por la Unidad. Por ejemplo, en el año 2020, la empresa Luket en los meses de febrero y marzo “pagó los aportes al Sistema de Seguridad Social del señor Roger Alexander Pastas Fuertes, quien actualmente funge como representante legal de Importadora Roger SAS, adjudicatario de la Orden de Proveeduría Nro. SMD-GS-CTQ-192-2023 suscrita por la UNGRD”.
El año pasado, entre febrero y diciembre, de nuevo Luket pagó los aportes de Pastas Fuertes que ahora es representante legal de Impoamericana Roger SAS, “demostrando así el vínculo previo entre estas dos empresas que presentaron cotización a la UNGRD y que presuntamente estaban compitiendo en el proceso de contratación”.
Además, la propietaria principal de Brand SAS, Sandra Liliana Brand Pantoja, y el representante legal de Luket, Luis Eduardo López Rosero, tenían vínculo conyugal para la fecha de presentación de las cotizaciones de estas empresas a la UNGRD.
Esas dos empresas, controladas por la pareja, ya se habían asociado en el año 2017 y constituyeron la Unión Temporal Luvic para la ejecución de un contrato por valor 29.182 millones con el Dapre.
Compartían además trabajadores, pues según la Contraloría, Ana Isabel Ortiz figura como contadora pública de las tres empresas y José Alberto Sotelo Paz aparece como revisor fiscal de las empresas Brand Sas y Luket Sas. Sumado a esto Roger Pastas Fuertes figura como representante legal suplente de dos empresas en las cuales Luis Eduardo Lopez Rosero, representante legal de la empresa Luket Sas, es accionista y había sido representante legal.
Sobrecosto sería de más de 7.000 millones de pesos
En tercer lugar, el órgano de control estableció que hubo un presunto sobrecosto de 7.760 millones de pesos en la adquisición de estos 40 carrotanques.
En este punto se señala que el presunto sobrecosto no resulta solo de la resta entre el valor facturado por el proveedor ($ 1.170 millones, sin incluir IVA) y el costo unitario de un camión, sino que la Contraloría Delegada para el sector de Infraestructura realizó
un análisis del costo unitario de suministrar y entregar un carrotanque dobletroque nuevo marca DAF en Uribia (La Guajira), con tanque para capacidad de 15.000 litros, a partir de lo exigido en la orden de proveeduría y las cotizaciones y cálculos obtenidas y realizados.
De ese análisis se concluyó que el sobrecosto en todo el proceso superaría los 7 mil millones de pesos.
Seguidamente se señala que la UNGRD no presentó los estudios previos y de análisis de la necesidad que sustentaran con suficiencia lo que se contrató, tampoco tenía estudios de mercado “que soportaran el valor unitario pagado por la compraventa de estos carrotanques”.
Un quinto llamado de atención tiene que ver con el hallazgo de que la UNGRD no presentó un plan de acción específico sobre la logística, funcionamiento, aprovisionamiento y distribución del agua potable que iría a las comunidades de Uribia.
La sexta conclusión del análisis que realizó la Contraloría es que no hubo una planeación adecuada de la UNGRD para garantizar la debida operatividad y sostenibilidad del suministro de agua potable mediante carrotanques para las condiciones particulares de Uribia y sus zonas rurales, “toda vez que el aprovisionamiento de agua no está asegurado; tampoco está bien definida la contratación, pago y supervisión de los operarios que participan en este programa; ni tampoco están establecidas con precisión las comunidades beneficiarias del mismo ni la mejor ruta para llegar a ellas”.
Posteriormente, la entidad señala que lo que encontró un funcionario que realizó una inspección de la Contraloría a la base militar en Uribia donde estuvieron estacionados los carrotanques, es que es necesario investigar “si hubo o no una presunta duplicidad en la contratación del suministro e instalación de la motobomba, mangueras y del alistamiento final de los carrotanques, puesto que hubo una manifestación del doctor Olmedo de Jesús López Martínez en Uribia al citado funcionario de que la UNGRD suscribió una orden de proveeduría adicional para el suministro e instalación de estos elementos, lo cual no pudo ser constatado en los documentos recolectados ni en los testimonios obtenidos”.
En octavo lugar, se dice que dado que se entregaron, recibieron a satisfacción y pagaron 9 carrotanques con capacidad inferior a la contratada (15.000 litros), hubo un incumplimiento de las obligaciones y, por ello, se habría configurado “un presunto detrimento patrimonial al Estado por haberlos pagado sin el pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas”.
El noveno ‘pecado’ de este proceso contractual que encontró la Contraloría es que según la Unidad de Gestión del Riesgo, los carrotanques fueron adquiridos para contribuir a superar la situación de desastre nacional, debido a las afectaciones causadas por el fenómeno de La Niña, en La Guajira, pero “los mismos solo empezaron a ser utilizados a partir de febrero 22 de 2024, es decir, 3 meses después de haber sido recibidos a satisfacción y 2 meses después de haber sido pagados al proveedor”.
Como último hallazgo se estableció que la UNGRD “no ha presentado la certificación de la debida desinfección de los tanques en acero inoxidable, habida cuenta de que fueron adquiridos para distribuir agua potable a las comunidades de Uribia y sus zonas rurales”.
Redacción E.T.
