El presidente Gustavo Petro ha sufrido un revés judicial en el caso relacionado con la operación del Muelle 13 en el puerto de Buenaventura, una concesión administrada por más de dos décadas por el Grupo Portuario S.A. Un fallo reciente de un tribunal suspendió los efectos de las resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que buscaban anular la prórroga del contrato de concesión, otorgando un respiro a la empresa.
Contexto del caso
En enero de este año, el presidente Petro anunció con entusiasmo la culminación de la concesión del Grupo Portuario en el Muelle 13, argumentando que el puerto debía “estar en manos del pueblo y no del Estado”. Petro subrayó que las concesiones futuras solo deberían beneficiar a “cooperativas genuinas de pescadores” en la región. Sin embargo, la decisión generó controversia debido al impacto económico y social del puerto, un eje clave para el comercio internacional y el desarrollo de la región del Pacífico.
El caso tomó un giro crítico cuando la ANI, mediante las resoluciones 00135 de enero y 02515 de marzo de 2024, intentó dejar sin efecto la prórroga del contrato de concesión que había sido formalizada y confirmada a finales de 2023. Estas resoluciones fueron demandadas por el Grupo Portuario, argumentando que la prórroga y la adición del Muelle 13 al contrato se realizaron dentro del marco legal.
La decisión judicial y su impacto
El reciente fallo judicial representa un hito en este proceso, ya que suspende las resoluciones de la ANI y mantiene vigente la prórroga del contrato mientras se resuelven las disputas contractuales. Según el Grupo Portuario, esta medida judicial asegura la continuidad de las operaciones en el Muelle 13 y protege los intereses económicos y sociales de Buenaventura.
“El alcance de esta medida judicial devuelve la vigencia y validez a la resolución que aprobó la modificación al contrato de concesión”, afirmó la entidad en un comunicado. Además, destacó que esta decisión resguarda la estabilidad laboral de sus trabajadores, fomenta el desarrollo socioeconómico del Distrito y evita un posible detrimento patrimonial para el Estado.
Hacia una solución concertada
El Grupo Portuario ha reafirmado su compromiso con las operaciones en el puerto y su disposición para entablar un diálogo conciliatorio con las autoridades. La empresa hizo un llamado a buscar soluciones conjuntas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Buenaventura, integrando las necesidades de la comunidad con el desarrollo sostenible de las actividades portuarias.
Este fallo es solo un paso en el complejo camino legal, pero subraya la importancia de garantizar la estabilidad y continuidad de los servicios portuarios en una región clave para el comercio exterior colombiano.
