Un abogado cercano al petrismo fue el encargado de acudir a la Corte Suprema para radicar la acción penal.
El excandidato a la Alcaldía de Sincelejo, Jhon Jairo Turizo Hernández, acudió a la Corte Suprema de Justicia para denunciar a los congresistas de diferentes partidos políticos que estuvieron en la CIDH presentando quejas y solicitando medidas cautelares por la arremetida del presidente Gustavo Petro contra el Legislativo.
El abogado cercano al petrismo, según sus publicaciones en redes sociales, presentó la acción penal en contra de Efraín Cepeda, Mauricio Gómez Amín, Honorio Henríquez, Juan Carlos Garcés, Nicolás Echeverry, Carlos Abraham Jiménez, Lorena Ríos, Katherine Miranda y Berenice Bedoya al considerar que existe “el posible delito de traición a la patria establecido en el artículo 455 del Código Penal”.
Turizo Hernández, quien en los últimos meses ha radicado varias denuncias que no han prosperado, argumenta que la visita de los legisladores a Estados Unidos constituye una traición a la patria porque, según él, fueron a hablar mal del país.
Sin embargo, el abogado no tuvo en cuenta que el desplazamiento de los congresistas obedeció a una decisión multipartidista para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretara medidas cautelares en favor de los legisladores de la Comisión Séptima del Senado por los constantes ataques del presidente Petro.
El principal argumento es la “situación de extrema gravedad y urgencia” que, según los denunciantes, enfrentan los congresistas que no apoyan las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro.
“Denunciamos ante la CIDH el permanente hostigamiento que ha sufrido el Congreso de la República por ejercer sus funciones legales y constitucionales. La democracia, la separación de poderes, la libertad religiosa y el Estado de derecho deben primar en Colombia y hoy se encuentran bajo amenaza”, informó el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático.
Según la carta que presentaron ante el organismo internacional, los senadores de la Comisión Séptima del Senado denuncian amenazas del Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro.
“Acudimos a la CIDH para solicitar la adopción de medidas cautelares en favor de los senadores de la Comisión Séptima del Senado, debido a la situación de extrema gravedad y urgencia que enfrentan los congresistas que han decidido no apoyar las reformas sociales impulsadas por el Gobierno de Colombia en cabeza del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego”, dice la carta.
Según describen los congresistas, el mandatario arremetió en su contra luego de que hundieran la reforma laboral y que se pueda tomar la misma decisión con la reforma a la salud que podría pasar por esa corporación. De hecho, ese proyecto ya se había hundido, pero Petro lo volvió a presentar.
Una de las que reclamó ante la CIDH fue la representante Katherine Miranda. “He sido señalada públicamente de ‘traidora’, de ‘liderar un golpe blando’ y responsabilizada del hundimiento de reformas. Estas acusaciones han desencadenado campañas de odio, amenazas de muerte y hostigamientos digitales y físicos, poniendo en riesgo mi vida, la de mi hija y la de mi equipo”, aseguró la congresista de la Alianza Verde.
La Corte Suprema de Justicia deberá definir si hay motivos para investigar a los congresistas por esta denuncia que radicó el abogado de Sincelejo.
