Un fuerte choque institucional se desató entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y al menos 17 gobernadores del país, quienes anunciaron que no acatarán uno de los decretos expedidos en el marco de la emergencia económica, al considerar que afecta gravemente las finanzas de las regiones.
La decisión fue tomada tras una reunión sostenida este jueves 15 de enero en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en Bogotá. Los mandatarios de Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Caquetá, Caldas, Quindío, Valle, Antioquia y Guainía coincidieron en que el decreto que incrementa el impoconsumo sobre licores y tabacos pone en riesgo el recaudo y los ingresos departamentales.
Los gobernadores anunciaron que presentarán tutelas de manera individual y solicitarán a la Corte Constitucional un pronunciamiento urgente. Entre tanto, acordaron no aplicar el decreto en sus territorios hasta que exista una decisión de fondo del alto tribunal.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, explicó que la FND entregará un documento jurídico para sustentar la no aplicación del decreto en cada departamento. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue más contundente al anunciar que su departamento aplicará la excepción de inconstitucionalidad, calificando la medida como una “abusiva carga tributaria” que amenaza la autonomía fiscal regional.
La postura de los mandatarios provocó una reacción inmediata del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien los acusó de dar un “mal ejemplo” y advirtió sobre posibles consecuencias judiciales y fiscales por no acatar el decreto.
Las declaraciones del ministro generaron una fuerte respuesta desde las regiones. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, defendió la decisión y aseguró que los gobernadores están haciendo uso de las herramientas jurídicas que les otorga la Constitución para defender los intereses de sus departamentos.
La FND respaldó la posición de los mandatarios y anunció que estudia con carácter urgente el mecanismo jurídico más idóneo para frenar el decreto, al advertir un riesgo real para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y la prestación de servicios esenciales como salud, educación y deporte.
Finalmente, los gobernadores exigieron respeto a la institucionalidad y rechazaron los señalamientos del Gobierno nacional. No obstante, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, anunció que se adelantarán acciones judiciales contra los mandatarios que se niegan a cumplir las instrucciones del Ejecutivo.
Este episodio marca un hecho sin precedentes en el Gobierno de Gustavo Petro: más de la mitad de los gobernadores del país desobedecen abiertamente uno de sus decretos, profundizando la crisis política e institucional entre la Nación y las regiones.
