En la novena sesión de la Mesa Departamental de Política y Concertación Indígena de Casanare, la administración departamental presentó balance con corte a 31 de diciembre de 2025, reportando 95% de cumplimiento físico y 96% de ejecución financiera, con una inversión de $12.544.703.355,53 en los compromisos programados para 2025.
La mesa, creada mediante el Decreto 0083 del 12 de mayo de 2014 y actualizada con el Decreto 0339 del 6 de octubre de 2025, es un espacio oficial y vinculante que garantiza la participación y autodeterminación de los pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política.
En el marco del Plan de Desarrollo Departamental 2024–2027 “Oportunidades para Casanare”, que contempla cuatro ejes estratégicos, 17 sectores, 46 programas y 316 metas de producto, se presentaron resultados de los 268 compromisos programados para la vigencia 2025.
El Departamento Administrativo de Planeación expuso la gestión de los recursos del Sistema General de Participaciones – Asignación Especial para Resguardos Indígenas (SGP–AESGPRI) en Orocué, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Sácama y Támara, incluyendo la estructuración técnica y publicación del informe de evaluación vigencia 2025, remitido al DNP para garantizar transparencia y trazabilidad.
En fortalecimiento del gobierno propio, se ejecutaron 20 asistencias técnicas para Planes de Vida (2024–2025) y se registra un avance del 50% en la meta cuatrienal de 108 jornadas en Gobierno Propio, Justicia, Formación Política, Gestión del Riesgo y Derecho Mayor y Ancestral para los 10 resguardos indígenas.
Asimismo, culminó la Fase I de la ruta intercultural de prevención y atención de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres indígenas, avanzando en su implementación; se desarrollaron acciones de articulación con la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para medidas de protección con enfoque diferencial, así como seguimiento a órdenes judiciales y coordinación con entidades nacionales.
Además, se garantizó la financiación y programación de la décima sesión para julio de 2026, y el octavo Congreso Regional Indígena proyectado para octubre del año en curso.
El gobernador César Ortiz Zorro afirmó que el 95% de cumplimiento “refleja que el diálogo se traduce en inversión y resultados concretos para fortalecer la autonomía indígena”.
Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario Jessica Avella Blanco destacó que “las asistencias técnicas consolidan capacidades en territorio y garantizan la actualización de los Planes de Vida”. Así mismo, el secretario de Gobierno, Julio Ramos Prieto, afirmó que la mesa “asegura seguimiento técnico, articulación institucional y transparencia en cada compromiso”.
La sesión permitió dejar definidos compromisos, cronograma de seguimiento y metas para la vigencia 2026, consolidando un ejercicio de planeación concertada que articula inversión, asistencia técnica y acompañamiento jurídico para los resguardos indígenas del departamento.
