León Fredy Muñoz, exembajador en Nicaragua, y Óscar Muñoz, actual encargado de negocios, estuvieron al frente de la misión diplomática en los periodos en que se gestionó la residencia de Carlos Ramón González – crédito Óscar Muñoz/X
La controversia por la permanencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y señalado de ser el cerebro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ahora salpica al cuerpo diplomático colombiano en ese país.
Documentos revelados por Noticias RCNmuestran que la Embajada de Colombia en Managua intervino en dos ocasiones para tramitar la residencia y su prórroga a favor del hoy prófugo, buscado por la Fiscalía para responder por cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.
Aunque en los oficios no se mencionan nombres, en el periodo en que se hicieron las gestiones la misión diplomática estuvo encabezada, primero, por León Fredy Muñoz, hoy senador por la Alianza Verde, y luego por Óscar Muñoz, actual encargado de negocios.
Los funcionarios de la Embajada que habrían intervenido en estas gestiones podrían ser investigados por dos delitos, según la denuncia del político Daniel Briceño: prevaricato, que se configura cuando un servidor público dicta una resolución o actúa en contra de la ley con pleno conocimiento de su ilegalidad; y fraude a resolución judicial, en caso de comprobarse que ayudaron a evadir una orden judicial.
De acuerdo con el Código Penal colombiano, el prevaricato conlleva penas de 4 a 8 años de prisión, inhabilitación de 80 a 180 meses y multa; mientras que el fraude a resolución judicial puede acarrear entre 48 y 108 meses de prisión, además de inhabilitación y multas proporcionales al daño ocasionado.
Estas posibles consecuencias legales se suman a sanciones disciplinarias internas por incumplimiento de funciones o abuso de autoridad.
Si se comprueba que cualquier funcionario de la sede actuó sin autorización de la Cancillería,podrían enfrentar investigaciones penales y disciplinarias por entorpecimiento a la justicia.
El abogado Fabio Humar señaló que esa actuación podría configurar el delito de abuso de función pública, mientras que Julián Quintana advirtió que la cronología revela un posible plan para evadir la justicia: “Un embajador no está para urdir artimañas diplomáticas ni para burlar las decisiones de los jueces”. Ambos dieron sus declaraciones a El Tiempo.
Cédula de residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua, obtenida a través de gestiones de la Embajada de Colombia – crédito Noticias RCN
Según la Fiscalía, González está en Managua desde noviembre de 2024.
Obtuvo la residencia en diciembre y la renovó el 21 de mayo de este año, justo el día en que se adelantaba la audiencia de imputación en su contra.
Actualmente, la circular roja de Interpol para su captura internacional aún no ha sido emitida, lo que permitiría que siga en libertad si es detenido en el extranjero.
Según la Fiscalía, González está en Managua desde noviembre de 2024.
Obtuvo la residencia en diciembre y la renovó el 21 de mayo de este año, justo el día en que se adelantaba la audiencia de imputación en su contra.
Actualmente, la circular roja de Interpol para su captura internacional aún no ha sido emitida, lo que permitiría que siga en libertad si es detenido en el extranjero.
El presidente Gustavo Petro se vio obligado a pronunciarse públicamente. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró: “El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”.
Esta declaración buscó desmarcar a la administración de cualquier gestión diplomática orientada a favorecer al exfuncionario, quien actualmente es prófugo de la justicia colombiana por su presunta implicación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La controversia se agudizó tras la filtración de documentos que indicarían que la Embajada de Colombia en Managua gestionó la renovación de la residencia de González en Nicaragua.
Este trámite se habría realizado en paralelo a la audiencia de imputación de cargos por supuestas irregularidades en la contratación y manejo de recursos de la Ungrd, lo que ha generado sospechas sobre posibles maniobras para evitar su regreso a Colombia y su comparecencia ante la justicia.
La exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, también se vio involucrada en la polémica.
Sarabia negó cualquier participación en los trámites migratorios de González y afirmó: “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”.
La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, ha sido una de las voces más críticas en este caso.
Tras la publicación del documento de identificación emitido por Nicaragua, que confirma la residencia permanente de González y la prohibición de ejercer actividades laborales en ese país, Cabal cuestionó el silencio del presidente Petro.
En una de sus intervenciones en X, la congresista escribió: “El gobierno Petro guarda silencio ante este prófugo jefe del partido Verde y socio de Petro ¿Dónde están los impolutos del pacto Histórico que no salen a exigir su captura?”.
En una segunda publicación, Cabal insistió: “Esto es criminal. El gobierno Petro protegiendo al prófugo de la justicia Carlos Ramón González. Petro responda al país, tanto que le gusta escribir en X y de esto ni una palabra”.
La Cancillería de Colombia negó haber autorizado la solicitud de renovación de la residencia de González en Nicaragua y anunció la apertura de una indagación interna para esclarecer los hechos.
Según fuentes judiciales citadas por El Tiempo, la obtención del estatus migratorio de González podría estar vinculada a un intercambio diplomático, considerando que en Colombia se encuentra refugiado el expresidente panameño Ricardo Martinelli.
IB
