El Congreso pudo ponerse de acuerdo para aprobar una reforma laboral que curiosamente el Gobierno intentó sabotear.
María Isabel Rueda
La Iglesia, ingenuamente, se metió de mediadora entre el presidente Petro, el senador Efraín Cepeda, uno de sus principales opositores, y las cabezas de las cortes y órganos de control, alrededor del compromiso de bajarle el tono a la confrontación política.
Pero cuando Petro incumplió el acuerdo, las buenas intenciones de la Iglesia quedaron como un saludo a la bandera. No habían pasado 24 horas y Petro acusó al registrador Hernán Penagos de cometer “sedición” (en el Código Penal, alzamiento en armas), por decidir esperarse al concepto del Consejo de Estado, antes de lanzarse a la locura de convocar una consulta popular abiertamente inconstitucional.
Por cierto, al único al que había que bajarle el tono de todos quienes estaban reunidos bajo el auspicio del cardenal Luis José Rueda era al presidente Petro, quien con su boca ha violado todo respeto. Aún retumban sus adjetivos de oligarcas, esclavistas, nazis y muñecas de la mafia contra sus opositores. En cambio, jamás he escuchado al senador Cepeda o al presidente de alguna de las altas cortes que le falten al respeto de esa manera a Petro. Cada uno hace su oficio; y como no siempre los resultados son de su agrado, acuñó el término “golpe blando” que, supuestamente, preparaban en su contra.
Luego se invirtieron los papeles. Asesorado por su amanuense, el ministro contratista, el golpe blando se convirtió en una amenaza de golpe duro; y en vez de que se lo fueran a dar a Petro, él lo preparó para dárnoslo a nosotros mediante el famoso “decretazo”. Que era una patada al Estado de derecho y a la separación de poderes, camuflada bajo espesas y engañosas elucubraciones jurídicas.
El disfraz se cayó, sin embargo, en espectacular encuentro propiciado por W Radio, Caracol Radio y ‘El País’, cuando el ese sí jurista y académico José Mauricio Gaona, hijo del siempre bien recordado magistrado asesinado durante la toma del Palacio de Justicia por el M-19, Manuel Gaona Cruz, enfrentó las tesis del ministro en un debate de mucha altura y gran profundidad, que se volvió noticia de la semana.
Gaona le desbarató al ministro la tesis del tal “bloqueo institucional”, que el presidente y sus áulicos han agarrado cual bejuco para brincar entre todo tipo de mecanismos, legales o ilegales, y empujar sus reformas. Las palabras del jurista quedarán grabadas para la historia, de pronto las pueden colgar por ahí en una pared de la Conferencia Episcopal. Según Gaona al ministro, “el bloqueo institucional que usted llama, la ciencia política y constitucional del mundo le llama oposición, y permítame recordarle que la oposición es el precio que se paga por tener una democracia”. Nocaut. Pero hubo otros fulminantes ‘rounds’: como la revelación de Gaona de que la amenaza del Gobierno de convocar una asamblea popular y no una asamblea nacional constituyente se debe a que la 1.ª requiere un ‘quorum’ menor, “y por eso es la figura que utilizan varios líderes autoritarios y populistas del mundo”. Ahí sí no quedó cabeza. Ni la del pobre filósofo alemán Jürgen Habermas, citado frecuentemente por el ministro de marras como prueba dizque de su erudición. Habermas jamás imaginó que en la última etapa de su fructífera vida iba a quedar todo baboseado por este hombrecito que se cree el Napoleón de los juristas…
‘Asesorado por su amanuense, el ministro contratista, el golpe blando se convirtió en una amenaza de golpe duro; y en vez de que se lo fueran a dar a Petro, él lo preparó para dárnoslo a nosotros mediante el famoso “decretazo”
Pero quizás la mejor noticia de una jornada tan movida sea que cuando el Estado de derecho se vio amenazado, funcionaron las instituciones.
El registrador Penagos hizo lo que le tocaba: cautelosamente ponerse a la espera del concepto del Consejo de Estado. Que, a su vez, se pronunció con oportunidad, suspendiendo cautelarmente el decretazo. El Congreso logró ponerse de acuerdo para sacar ‘avanti’ una reforma laboral que curiosamente el Gobierno intentó sabotear por todos los medios, incluyendo la jugadita de disolver el ‘quorum’ de la plenaria. El Procurador también se pronunció, explicando por qué, con su experiencia de varios años de secretario del Senado, no veía que se hubiera dado ninguna anomalía durante la votación del no a la consulta popular.
Y la Corte Constitucional, que habría podido asumir también un control cautelar, prefirió que lo hiciera ordenadamente su responsable original, el Consejo de Estado. Lo que sí hizo la Corte fue suavizar su decisión sobre la reforma pensional, pues, aunque hubo vicios insubsanables en su trámite, prefirió darle la oportunidad al Congreso de sanearlos: la mayoría de sus magistrados no se atrevió a propiciar, así tuviera razones jurídicas, que en la misma semana se le cayeran al Gobierno la consulta popular y la reforma pensional.
Veremos cuánto falta para que Petro vuelva a violar su compromiso con la Iglesia…
Entretanto… Gobierno que cosecha: ministros contratistas, magistrados contratistas y pastores contratistas.
MARÍA ISABEL RUEDA
