La investigación que inició la Procuraduría, por las presuntas irregularidades en la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas, no quedó sola. La Fiscalía se sumó a las indagaciones para determinar los errores en el proceso que llevó a la intervención de la entidad prestadora de salud.
La Fiscalía abrió una investigación para determinar la veracidad en los hechos enumerados en la denuncia que interpusieron los representantes legales de la EPS y que se sumó a un proceso que ya andaba por los despachos de la Fiscalía Anticorrupción en la seccional de Bogotá.
El ente acusador ordenó de oficio una investigación tras las advertencias de los expertos y de los funcionarios de la Procuraduría, un proceso que se nutre de una denuncia con los detalles de esas presuntas irregularidades y que advierten una acción arbitraria e ilegal por cuenta del hoy superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.
La Fiscalía adelanta los actos de investigación que permitan establecer las presuntas irregularidades, las declaraciones de los funcionarios y la norma presente para este tipo de actuaciones y si el procedimiento de la Supersalud se ajustó a lo estipulado en la ley o, por el contrario, se convirtió en un hecho de abuso de función pública.
“Iniciaremos en el transcurso de esta semana otra serie de acciones que tienen por finalidad fundamental recuperar la administración de la EPS para que no se vaya a presentar algún tipo de situación con nuestros usuarios y a la mayor brevedad volver a estar al frente de la administración de ella”, dijo el abogado de la EPS.
En el marco de las investigaciones que adelanta la Procuraduría, por cuenta de la intervención de la Superintendencia a la EPS, el Ministerio Público adelantó diferentes diligencias como una inspección a la Supersalud y no encontró los elementos de prueba que sustentaban la intervención, de ahí que se convirtió en un ingrediente que dejó en duda la rigurosidad del proceso a cargo de la superintendencia.
“La investigación se va a orientar a verificar si los motivos que originaron la intervención forzosa son los motivos básicos o necesarios, con soporte argumentativo y con la proporcionalidad debida para llegar a esa decisión de manera inmediata. Eso, por un lado. Por otro lado, la Procuraduría tiene la parte preventiva, la misionalidad preventiva. Bajo ese trabajo preventivo, tenemos la obligación constitucional, como vigilantes de las entidades públicas”, explicó la procuradora Cabello.
Los representantes legales de la EPS además advirtieron que fue necesario recusar al superintendente de Salud, tras asegurar que el mismo funcionario, a través de sus redes sociales, hizo duros señalamientos, no solo contra las EPS, sino contra el sistema de salud de Colombia, lo que puede advertir de alguna manera la animadversión que tiene.
“En sus redes sociales ha hecho comentarios y ha tomado posiciones que demuestran con claridad la animadversión no solo frente a la EPS, sino que tiene frente a la concepción del sistema de salud del país, eso lo hace un funcionario que no pueda estar con objetividad cuando tiene que tomar una decisión como estas y esa es la razón por la que también lo hemos recursado, para que se separe del conocimiento de este asunto”, señaló la EPS.
Con los elementos de prueba recaudados, la denuncia en poder de los fiscales de la seccional contra la corrupción en Bogotá, la Fiscalía tendrá la responsabilidad de verificar si existen las presuntas irregularidades, no solo advertidas por la EPS, sino consignadas en los diferentes informes de la Procuraduría.
Redacción RS
