Un nuevo capítulo en el proceso de paz con el Gobierno genera controversia en el país. La Fiscalía General de la Nación emitió una disposición que prohíbe la captura de criminales vinculados a las negociaciones, incluso si son sorprendidos en flagrancia.
La medida establece que, aunque los fiscales identifiquen nuevos delitos cometidos por los beneficiarios de los diálogos, no podrán solicitar su detención ni privación de la libertad. En caso de que estas personas sean capturadas por las autoridades, la instrucción es clara: deberán quedar en libertad de inmediato.
El argumento detrás de la orden sería “garantizar el avance de los procesos de paz” y evitar que la judicialización de los actores involucrados entorpezca las negociaciones con el Gobierno nacional.
Sin embargo, la disposición ha despertado fuertes críticas de sectores políticos y sociales, quienes advierten que se trata de una licencia para delinquir, que no solo deslegitima el accionar de la justicia, sino que también pone en riesgo la seguridad ciudadana.
La polémica apenas comienza, pues la medida plantea serias preguntas: ¿qué pasará con las víctimas de nuevos delitos?, ¿hasta dónde llega la inmunidad de quienes negocian?, ¿y quién responde si estos beneficios se convierten en un incentivo para seguir delinquiendo?
