En medio de denuncias internas por falta de recursos y procesos engavetados, el ente acusador destinó más de $1.100 millones para producir documentales y comerciales junto a RTVC.
La Fiscalía General de la Nación firmó un contrato por 1.116 millones de pesos con RTVC para producir documentales, comerciales y piezas audiovisuales cuyo objetivo es “visualizar la efectividad” de los cinco pilares establecidos por la fiscal Luz Adriana Camargo desde su llegada al cargo en marzo de 2024.
La decisión ha generado profundo malestar dentro del propio ente acusador. Funcionarios le aseguraron que, mientras deben pagar de su propio bolsillo para obtener información básica y avanzar en investigaciones, la administración destinó una millonaria suma exclusivamente para publicitar su gestión.

La fiscal Camargo, ternada por el presidente Gustavo Petro y posesionada tras un complejo proceso en la Corte Suprema, completa casi la mitad de su periodo con resultados prácticamente nulos en expedientes de alto impacto, como el caso Nicolás Petro, el escándalo de la UNGRD o la investigación sobre los computadores de alias Calarcá, engavetada por más de un año y que terminó en un reconocido error institucional.
En el búnker cuestionan que, pese al déficit de personal, investigadores y fiscales, se haya priorizado un contrato para producir dos comerciales institucionales, un documental de 30 minutos y dos microdocumentales de 15 minutos, todos con altos estándares de televisión pública. El contrato afirma que la Fiscalía “no cuenta con elementos de producción” para generar piezas de calidad televisiva.
Del total, 116 millones serán asumidos por el Futic del MinTIC y 1.000 millones saldrán directamente del presupuesto de la Fiscalía, el mismo que los funcionarios reclaman insuficiente para trabajar.
Aunque el contrato insiste en que los productos permitirán “reconocer los avances de los pilares estratégicos”, también aclara que RTVC podrá suspender emisiones si la Presidencia solicita el espacio, dejando en duda el alcance real de la millonaria inversión.
Sindicatos y funcionarios cuestionan que, en un momento de austeridad y con procesos clave paralizados, la Fiscalía destine más de $1.100 millones a un proyecto que, en esencia, busca resaltar la supuesta efectividad de una administración que hoy enfrenta duras críticas internas y externas.











