En medio de un escándalo que compromete la credibilidad de la Fiscalía y del propio Gobierno Petro, la fiscal general Luz Adriana Camargo tuvo que salir a explicar —sin mucha claridad— por qué, después de más de 16 meses, no existen avances contundentes en las investigaciones contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, uno de los jefes más peligrosos de las disidencias de las Farc.
Las revelaciones sobre cómo Calarcá habría usado el proceso de paz para suspender sus órdenes de captura, infiltrar entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hasta llegar a acuerdos oscuros con miembros de las Fuerzas Militares, destaparon un grave problema:
La Fiscalía tenía toda esta información y no actuó.
A pesar de las críticas, Camargo insistió en que no existe “parálisis” frente a los negociadores del Gobierno y que la suspensión de órdenes de captura se hace porque la ley 2272 de 2022 —impulsada por el petrismo— así lo permite.
La fiscal también defendió la lentitud en el análisis de los equipos electrónicos incautados a Calarcá, asegurando que el proceso ha requerido “cinco informes técnicos” de la Dijín. Sin embargo, lo cierto es que durante más de un año la opinión pública no conoció un solo avance, mientras el jefe disidente seguía delinquiendo a la sombra de su rol como negociador.
A pesar de las pruebas reveladas por los medios, Camargo afirmó que alias Calarcá “ha cumplido” con el proceso de negociación, asistiendo a los ciclos de diálogo y comprometiéndose supuestamente con la entrega de menores y de armas.
Lo preocupante es que, según la Fiscalía, no habría motivos para retirar la suspensión de su captura, aun cuando hay evidencias de que siguió operando criminalmente.
En últimas, Camargo dejó claro que cualquier decisión recae en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Es decir, el Gobierno Petro sigue blindando a sus negociadores, incluso cuando esos negociadores traicionan los procesos para seguir delinquiendo.
