“El presidente de la República me informó que no sabía, y si el presidente no sabía, entonces quién”. De esta manera, el fiscal Francisco Barbosa explicó que tiene información del mal manejo que le habría dado el Ejecutivo al atentado en su contra, pese a que fue verificado por tres fuentes diferentes, una de ellas desde el mismo Ejército, de las intenciones del ELN de matarlo.
“Si él no sabe, significa que hay un descontrol en el manejo de la información en el Ejecutivo. Y con eso me parece que se está jugando con la vida mía, la de mi familia, la de los colombianos. Colombia debe ser una potencia mundial de la vida pero aquí parece que la mía no la tuvieron en cuenta”, dijo el fiscal Barbosa luego de un encuentro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitó medidas cautelares.
Adicionalmente, señala la Fiscalía, la campaña de criminalización en contra del fiscal Barbosa, materializada en más de 100 denuncias temerarias entre otros hechos por sedición, “traición a la patria”, abuso de autoridad, prevaricato, falsas alianzas con grupos paramilitares como las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.
Es importante recordar que fue el propio fiscal Barbosa quien se negó a levantar las órdenes de captura contra miembros de este grupo armado ilegal, por considerar que la solicitud elevada por el Gobierno nacional no se ajustaba a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
En la solicitud de medidas cautelares, el jefe del ente investigador colombiano se reunió con la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum Panszi; la secretaria ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos, María Claudia Pulido, y el secretario ejecutivo adjunto para el Sistema de Peticiones, Casos y Soluciones Amistosas, Jorge Meza Flores. En los diferentes encuentros se abordaron temas de afectaciones a los Derechos Humanos.
Redacción: R.S
