Documentos incautados a jefes de disidencias muestran contactos con generales, funcionarios de inteligencia y mencionan presuntas pruebas de financiación política que involucran a Gustavo Petro y Francia Márquez.
Un nuevo y grave escándalo estremece al país tras la publicación de un informe de Noticias Caracol, que expone información encontrada en computadores y dispositivos incautados a alias Calarcá, uno de los principales jefes de las disidencias de las Farc. El material revelaría vínculos directos entre cabecillas de ese grupo armado, altos funcionarios del Estado y hasta supuestas pruebas relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La información proviene de un retén en Anorí, Antioquia, realizado en julio de 2024, donde fueron detenidos siete jefes de disidencias que se movilizaban con custodia de la Unidad de Protección. Llevaban armas, dinero y un menor de edad. Sin embargo, según el informe, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la libertad de cuatro de ellos —entre ellos alias Calarcá— argumentando que eran “gestores de paz” y no podían ser capturados ni siquiera en flagrancia.
Los dispositivos incautados —computadores, USB y celulares— quedaron en poder de la Fiscalía, que hasta ahora no habría avanzado en su análisis pese a la gravedad de la información.
Entre los documentos aparece el nombre del general Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal del Ejército, quien habría sostenido reuniones con delegados de Calarcá en Bogotá. Según los reportes, Huertas les habría propuesto crear una empresa fachada que permitiera a los disidentes movilizarse en vehículos blindados y portar armas legalmente, replicando modelos similares a los de las Convivir en los años 90. También, les habría ofrecido protección y garantías para sus desplazamientos, afirmando incluso que existía un “vínculo con el presidente” que permitiría que no fueran detenidos.
El general Huertas —retirado en 2022 y posteriormente vinculado a la campaña de Petro— fue reintegrado al servicio activo el 6 de agosto pasado, quedando al frente del Comando de Personal del Ejército.
Otro nombre que aparece en los archivos es el de Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), descrito como una de las figuras con mayor poder interno en esa entidad durante el actual gobierno. Según el informe, sus conexiones habrían permitido a disidencias de Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar acceder a información clasificada y evadir operativos militares.
Los archivos también mencionan reuniones en Venezuela para avanzar en la creación de una empresa fachada, así como encuentros posteriores en Bogotá donde habrían participado el general Huertas, Mejía y el director de Indumil, coronel (r) Juan Carlos Maso. En esos escenarios, según un informante, se habría pactado una especie de “no agresión” entre la Fuerza Pública y las disidencias en varias regiones del país, incluso entregándoles códigos de comunicaciones radiales del Ejército.
En otro apartado, alias Mordisco —máximo jefe de las disidencias— asegura tener pruebas de acuerdos que se habrían hecho durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, mencionando directamente a la vicepresidenta Francia Márquez. “Con las pruebas de los acuerdos en campaña al finado Mayimbú, lo tumbamos”, dice uno de los mensajes citados.
Finalmente, los documentos revelan la presencia de un misterioso empresario chino que habría visitado campamentos en Catatumbo, Caquetá y sur de Bolívar, en medio de presuntas actividades relacionadas con tráfico de oro ilegal, compra de armas e inversiones en empresas fachada.
El escándalo abre un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de “paz total” y la cercanía entre funcionarios del actual gobierno y grupos armados al margen de la ley.
