Una nueva arista del escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) apunta directamente al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En exclusiva, SEMANA obtuvo la declaración que Andrea Ramírez, su entonces asesora principal, entregó ante la Corte Suprema de Justicia. Ramírez confirmó que Bonilla estaba al tanto de todas las actividades relacionadas con la gestión de contratos y congresistas desde el Ministerio de Hacienda.
En su declaración, Ramírez reveló la existencia de una «matriz» elaborada desde el despacho ministerial, en la que se registraban contratos y proyectos solicitados por congresistas, muchos de ellos integrantes de la Comisión de Crédito Público. Según la asesora, Bonilla no solo conocía la matriz, sino que también colaboraba en la gestión de los intereses plasmados en ella. Este esquema guarda similitudes con las denuncias de corrupción que señalan a la UNGRD, donde, según Olmedo López, exdirector de la entidad, se asignaron proyectos por más de 92 mil millones de pesos a legisladores de regiones como la Costa Caribe, Antioquia y Arauca.
Durante su testimonio, el magistrado Misael Rodríguez, quien lidera la investigación contra cinco congresistas y un exparlamentario, preguntó directamente a Ramírez: “¿Qué conocimiento tenía el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, del desempeño y desarrollo de sus funciones oficiales?” La respuesta de la asesora fue categórica: “Todo”.
Ramírez detalló que, en medio de debates en el Congreso, varios legisladores solicitaban directamente a Bonilla que interviniera con otras entidades del Gobierno para priorizar proyectos específicos. Estas solicitudes, explicó, eran incorporadas en la mencionada matriz del Ministerio de Hacienda, que funcionaba como un registro detallado de los intereses de los congresistas.
La «matriz» y su funcionamiento
La asesora explicó cómo operaba este sistema: “Ellos usualmente me dan el radicado para que, cuando preguntemos en otra entidad, podamos ubicarlo; el nombre del proyecto y su valor. Y en muchos casos, cuando ya habíamos averiguado, podíamos determinar si el proyecto ya había sido aprobado o no”.
Además, mencionó que tras regresar de un periodo de licencia de maternidad, su reemplazo, María Alejandra Benavides, le informó que congresistas habían continuado preguntando por proyectos en la UNGRD. Esto coincidió con el inicio del escándalo que involucra presuntas irregularidades en esa entidad. “Cuando regresé, ella me comentó que los congresistas estaban interesados en proyectos de inversión regional en la Unidad de Gestión del Riesgo y que algunos funcionarios vinculados ya no estaban, lo que entendí como parte del escándalo”, afirmó Ramírez.
Vínculo con la compra de votos en el Congreso
Según las declaraciones iniciales de Olmedo López, los contratos gestionados a través de la UNGRD se habrían utilizado como moneda de cambio para asegurar los votos de congresistas de la Comisión de Crédito Público. El objetivo sería garantizar la aprobación de empréstitos estratégicos para la nación.
Este nuevo testimonio complica aún más la situación de Ricardo Bonilla y pone bajo la lupa la relación entre el Ministerio de Hacienda y los legisladores implicados en este esquema. La investigación avanza, y cada revelación amplía el alcance de un escándalo que amenaza con sacudir las estructuras del Gobierno.
