La Fiscalía de Bolivia confirmó esta semana la emisión de una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, junto con la solicitud de seis meses de prisión preventiva. La medida está relacionada con una investigación sobre el presunto abuso de una menor durante su mandato.
“Se está solicitando la medida excepcional de prisión preventiva por seis meses en una cárcel pública”, declaró el lunes Róger Mariaca, fiscal general del país.
Frente a estas acusaciones, Morales aseguró que es víctima de una persecución política liderada por el gobierno del presidente Luis Arce. «Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal guerra jurídica (lawfare) ejecutada por el gobierno de Luis Arce, que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a Estados Unidos», afirmó el exmandatario. También señaló que no existen pruebas contundentes en su contra y que las acusaciones son impulsadas por “odio desenfrenado y consignas políticas”.
Morales comparó su situación con la de otros líderes de izquierda en América Latina y denunció un “bombardeo constante de difamaciones e insultos”. Además, sostuvo que el actual gobierno utiliza recursos del Estado, como fiscales, jueces y fuerzas de seguridad, no solo para desacreditarlo políticamente, sino también para atentar contra su vida.
Los cargos y el contexto político
La Fiscalía sostiene que Morales habría incurrido en el delito de trata de personas, señalando un presunto acuerdo con los padres de una adolescente de 15 años. Según la fiscal Sandra Gutiérrez, la orden de aprehensión fue emitida el 16 de octubre, aunque se mantuvo en reserva debido a la complejidad del caso y la figura del expresidente.
Gutiérrez también mencionó que la orden coincidió con un periodo de bloqueos de carreteras organizados por seguidores de Morales, quienes denunciaban persecución política y la crisis económica en el país. Las movilizaciones, que se extendieron por 23 días, dificultaron los operativos policiales para ejecutar la detención. «Muchos funcionarios policiales fueron víctimas de agresiones e intentos de homicidio por parte de los bloqueadores», explicó la fiscal.
En septiembre, una orden similar había sido emitida, pero fue revocada tras un recurso judicial presentado por la defensa de Morales. Actualmente, el exmandatario permanece refugiado en el Chapare, su bastión político en el centro del país.
Enfrentamiento político y elecciones
El contexto político también agrava la situación. Morales, de 65 años, ha señalado que esta investigación forma parte de una estrategia para impedir su participación en las elecciones presidenciales de 2025. Según el exmandatario, el gobierno de Arce busca “proscribirlo” de la contienda, lo que ha intensificado la lucha interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) por la candidatura presidencial.
Mientras las acusaciones y defensas continúan, el caso de Evo Morales refleja un escenario político polarizado en Bolivia, donde las tensiones entre el gobierno y el expresidente parecen escalar a niveles cada vez más críticos.
