No es la primera vez que el político santandereano se encuentra en el ojo del huracán por temas de contratación.
SEMANA reveló que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) entregó contratos en tiempo récord durante el mes de diciembre, acelerando las sesiones del Comité de Contratación e ignorando las advertencias del jefe jurídico de la entidad. En total, se entregaron 10 contratos por más de 85.000 millones de pesos.
Ocho de estos contratos tenían vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, dejando solo pocos días para su ejecución. Aun así, se adjudicaron, pese a las advertencias, y se extendieron los tiempos a través de una maratón de otrosíes.
Los organismos de control pusieron la lupa en la feria de contratos, que desde hace varias semanas ya está siendo revisada por la Fiscalía General de la Nación.
Y la misma ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, pidió investigar a fondo: “Necesitamos saber si hubo algo. Se había corrido traslado a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Procuraduría. Yo tengo entendido, claramente, que hubo temas presupuestales. Yo no soy la persona que maneja los contratos en la Uspec”.
Pues Valero, el ordenador del gasto y quien estuvo presente en todos los comités de contratación, es un político santandereano con un amplio recorrido en el sector público.
Incluso, se dice que es cuota de Miguel Ángel Pinto, senador del Partido Liberal, pero el director de la Uspec lo negó, en conversación con SEMANA.
Valero nació en Bucaramanga, pero su poder se centra en el municipio de Piedecuesta, donde despegó en la política.
Comenzó siendo secretario general de la Personería de Piedecuesta, pero luego saltó a ser alcalde del municipio.
Luego, fue contratista de las alcaldías de Aratoca y Surata, así como de la Contraloría de Tuluá, Santander. En 2016 se convirtió en secretario de Gobierno de Piedecuesta, cargo en el que permaneció hasta el año 2018.
Y desde marzo de 2022, ocupa el cargo de director de la Uspec, donde ha tenido que enfrentar varias polémicas por contratos con presuntas irregularidades.
En 2023, la cárcel La Picota enfrentó una crisis por el servicio de alimentos, que es contratado por la Uspec. La situación llegó a tal punto que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó el arresto de Valero por incumplir un fallo de tutela que pedía intervenir en la grave situación del centro de reclusión.
Igualmente, en septiembre de 2024, SEMANA reveló un expediente de la Fiscalía que advierte sobre presuntos hechos de corrupción en los multimillonarios contratos de alimentación.
Al ente acusador llegó una denuncia describiendo una presunta “empresa criminal” que incluía a funcionarios, contratistas y hasta congresistas. Hubo avisos de todo tipo de irregularidades, pero el director de la entidad habría hecho caso omiso. Un cambio de fiscal sepultó la investigación, que se encontraba cerca de una decisión.
Incluso, ha habido denuncias por el supuesto nombramiento de cuotas de congresistas en la entidad dirigida por Valero.
El director de la Uspec ahora deberá responder frente a las dudas en la contratación de diciembre, mientras la entidad se prepara para contratar el proveedor de alimentos para las cárceles para 2025, una de las contrataciones más grandes del sector y por la que Valero ha sido cuestionado en el pasado.
