En el principio de oportunidad para María Alejandra Benavides se explican las presiones que ejercieron varios legisladores a la cartera liderada en ese momento por Ricardo Bonilla
El 28 de julio de 2025, la justicia avaló el principio de oportunidad para María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y testigo central en la investigación contra el exministro Ricardo Bonilla y seis congresistas implicados en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Esta decisión judicial implica que el relato de Benavides sobre las presiones y solicitudes ilícitas de los legisladores es considerado verosímil y relevante para el avance del proceso penal, según la información consignada en el expediente.
El principio de oportunidad, según el documento citado por la Fiscalía General de la Nación y revelado por Caracol Radio, describe cómo, en el contexto de las gestiones realizadas por Jaime Ramírez Cobo, entonces enlace de la Presidencia con el Congreso, y Benavides, se consolidaron solicitudes ilícitas de seis congresistas, que buscaban contratos por más de $90.000 millones en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar. El 12 de diciembre de 2023, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público aprobó cinco créditos a la Nación, quedando pendiente solo uno.
Al día siguiente, el representante Wadith Manzur comunicó a Benavides que su contacto en Cotorra, Córdoba, Harry Bejarano, no había logrado establecer comunicación con la Ungrd, lo que llevó a los congresistas a condicionar su participación en la votación del crédito restante. El 14 de diciembre, Benavides informó a Ramírez Cobo que la representante Karen Manrique había expresado incertidumbre sobre su proyecto en Arauca, ya que los congresistas no asistirían a la sesión programada para el 15 de diciembre.
El documento judicial detalla que Benavides trasladó esta situación al exministro Bonilla, quien, el 15 de diciembre de 2023, solicitó en su despacho a Olmedo López que diera trámite a los proyectos de interés de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito. La justicia considera creíble que Bonilla instruyó a Benavides para que coordinara con López la gestión y celebración de estos proyectos.
“Benavides Soto le informó a Bonilla González que la sesión no se realizaría, pues el representante Manzur así se lo había comunicado, además Ramírez Cobo no había podido gestionar nada en la UNGRD, por lo que, según este, era el ministro Bonilla quien debía comunicarse con el director Olmedo López”, puntualizó el documento.
En ese contexto, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez contactó a Benavides para preguntar por los procesos contractuales de Saravena, El Carmen de Bolívar y Cotorra. Benavides le indicó que debía comunicarse con las personas encargadas de coordinar el trámite de los tres proyectos, tras lo cual Pinilla se puso en contacto con los posibles contratistas de los municipios mencionados.
Como resultado de estas gestiones, el 15 de diciembre de 2023, la Comisión de Crédito sesionó y aprobó la última operación crediticia pendiente. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, Benavides, a través de Pinilla, hizo un seguimiento constante a los contratos de interés de los seis congresistas y mantuvo informado al exministro Bonilla sobre el avance de los mismos.
La Fiscalía sostuvo que estos negocios ilícitos no se concretaron debido a que el escándalo salió a la luz, lo que detuvo la formalización de los contratos. El próximo lunes 4 de agosto de 2025 a las 2:00 p. m. , Benavides deberá comparecer como testigo ante el magistrado Misael Rodríguez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en el marco de la investigación sobre los congresistas implicados en el caso.
Mientras avanza el proceso para desentrañar el escándalo de corrupción al interior de la Ungrd, la Procuraduría General de la Nación en fallo de segunda instancia, confirmó la sanción con destitución e inhabilidad general por 18 años a Olmedo López y de 20 años Sneyder Pinilla por el pago de sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques, que serían destinados para el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira.
