Una creciente preocupación por la seguridad en Yopal se intensifica tras el descubrimiento de restos humanos en un sector cercano al caño Usívar, justo en las inmediaciones del intercambiador vial. Las víctimas, dos hombres, fueron encontrados sin vida en condiciones atroces: uno con la cabeza cercenada y el otro con partes del cuerpo desmembradas, según confirmó el personal forense.
El escalofriante hallazgo fue reportado por residentes del área, quienes alertaron sobre olores fétidos y señales extrañas en la vegetación. Tras la inspección, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió las diligencias judiciales y dio inicio a la investigación para establecer la identidad de las víctimas y las circunstancias que rodearon su asesinato.
Aunque los cuerpos aún no han sido plenamente identificados, una de las líneas de investigación sugiere que uno podría corresponder a Josué Orochena Torres, alias “Zarco”, ciudadano de nacionalidad venezolana que había sido reportado como desaparecido días atrás. Esta hipótesis solo podrá confirmarse una vez se concluyan los análisis de medicina legal.
Mientras tanto, las autoridades no descartan la posibilidad de que exista una tercera víctima, por lo que se mantienen activas las labores de búsqueda en la zona. La escena del crimen, por su ubicación estratégica y el nivel de violencia, ha encendido las alarmas de las autoridades locales.
Pero más allá del espanto que genera este caso, lo que realmente inquieta es el patrón repetitivo de inseguridad que se vive en Yopal. Vecinos de la zona ya habían advertido sobre actividades sospechosas y denunciado que el lugar podría estar siendo utilizado por estructuras ilegales para ocultar cadáveres. Sin embargo, las respuestas institucionales han sido tardías o insuficientes.
Este episodio refleja no solo la crueldad de los grupos delincuenciales que operan con aparente libertad en zonas urbanas y rurales del municipio, sino también la falta de capacidad efectiva del Estado para anticipar, contener y sancionar estos actos. La comunidad reclama una presencia más fuerte y articulada de las fuerzas del orden, así como acciones concretas para recuperar la confianza y la seguridad ciudadana.
