La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, recibió el respaldo institucional de la Contraloría General de la República, la Procuraduría, la Registraduría Nacional y la Defensoría del Pueblo, luego de que la Sala Tercera de Apelaciones de lo Penal de Guatemala emitiera una orden de detención en su contra.
Los organismos expresaron públicamente su apoyo a la funcionaria, destacando su reconocida trayectoria por la rectitud, transparencia y compromiso ético, cualidades que la posicionaron como una figura clave en el combate contra la corrupción en Guatemala durante el período comprendido entre 2014 y 2017.
A través de un comunicado conjunto, las entidades señalaron que la decisión judicial podría constituir una represalia por su labor investigativa en ese país y representar una seria afectación a los principios del derecho internacional.
El pronunciamiento enfatiza la importancia de proteger la independencia judicial y la integridad de quienes han trabajado por la justicia, advirtiendo sobre los riesgos que implica el uso del aparato judicial con fines de persecución.
