En medio de una grave crisis de seguridad en el Catatumbo, donde enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc han dejado al menos 100 muertos y 48.000 desplazados, el Gobierno de Gustavo Petro decidió recortar 785.000 millones de pesos al presupuesto del Ministerio de Defensa. Esta decisión se dio como parte de un ajuste fiscal de 12 billones de pesos en el Presupuesto General de 2025, generando una oleada de críticas desde distintos sectores políticos.
El recorte presupuestal ocurre en un contexto en el que el propio presidente Petro, al decretar el estado de conmoción interior, reconoció que el accionar del ELN desborda las capacidades del Estado. En el decreto, se señala que las acciones de este grupo armado han escalado a niveles imprevisibles, impactando gravemente la prestación de servicios básicos, como salud, en los municipios más afectados.
El decreto de conmoción interior, que ya está en vigor y será estudiado en el Congreso, busca dotar al Estado de herramientas extraordinarias para reforzar la Fuerza Pública y mejorar su capacidad de inteligencia, control del territorio y respuesta judicial. Sin embargo, el recorte presupuestal al sector defensa ha generado cuestionamientos sobre la coherencia de estas medidas.
Entre las críticas, la congresista Catherine Miranda, de la Alianza Verde, se preguntó: “¿Cómo en la mayor crisis de seguridad de los últimos tiempos y por la cual se decretó una conmoción interior, hay un aplazamiento presupuestal al sector defensa de 800 mil millones? ¿Para qué una conmoción interior si se dan el lujo de aplazar presupuesto a las FF. AA.?”.
Por su parte, Andrés Forero, representante del Centro Democrático, calificó la medida como una contradicción: “Gustavo Petro le recorta $ 780.000 millones al sector defensa y al tiempo fundamenta el decreto de conmoción interior en la necesidad de más recursos para enfrentar a los grupos armados ilegales. La curiosa lógica del presidente”.
La situación en el Catatumbo continúa deteriorándose, con enfrentamientos constantes entre grupos armados ilegales que han dejado una estela de muerte y desplazamiento masivo. La Casa de Nariño ha reconocido que el control del territorio requiere medidas reforzadas, pero el recorte al sector defensa pone en duda la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en esta y otras regiones afectadas.
Mientras el Congreso analiza las medidas del estado de conmoción interior, crecen las voces que exigen explicaciones sobre el impacto de los recortes al Ministerio de Defensa en un momento tan crítico. La decisión del Gobierno no solo pone en entredicho su estrategia de seguridad, sino que también plantea interrogantes sobre las prioridades presupuestales frente a una de las peores crisis de orden público que enfrenta el país.
