SEMANA conoció que desde la Alcaldía están haciendo “hasta lo imposible” para no dejar desfinanciados estos proyectos.
Cartagena enfrenta una grave crisis social tras la suspensión de la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), un golpe que impacta directamente a miles de personas en situación de vulnerabilidad. La medida afecta programas esenciales que atendían a migrantes, víctimas de trata de personas y comunidades en riesgo, dejando a la administración distrital en una carrera contrarreloj para encontrar soluciones.
Actualmente, en la ciudad hay identificados al menos 69.000 migrantes, aunque se estima que la cifra es mucho mayor. La interrupción de los programas de Usaid pone en jaque iniciativas clave en empleabilidad, educación, atención humanitaria y acompañamiento legal para esta población.
“Ellos nos estaban ayudando a que las empresas, especialmente de Mamonal, emplearan a estos migrantes que habían llegado en condiciones desfavorables”, así lo dijo María Abonado, directora de Cooperación Internacional del Distrito de Cartagena.
Al mismo tiempo, la funcionaria explicó que uno de los golpes más duros lo recibe el centro Intégrate, un espacio diseñado para la atención de migrantes que contaba con el respaldo de Usaid. Aunque el Ministerio de Igualdad sigue brindando apoyo, la ausencia de la agencia estadounidense supone la pérdida de recursos críticos.
“En este momento ni siquiera quedamos con punto de migración en el centro Intégrate porque el centro de migración también era financiado por Usaid”, agregó Abonado.
Y es que el impacto no solo afecta a la población migrante, pues también se verán perjudicados los programas de prevención, judicialización y asistencia a víctimas de explotación sexual y trata de personas, iniciativas que hasta ahora tenían un enfoque integral de sensibilización y apoyo a sobrevivientes.
“Lo que estábamos haciendo en sensibilización, en judicialización y en apoyo a víctimas era muy fuerte. Ahora tenemos que ver cómo vamos a recoger estos recursos otra vez y destinarlos directamente del presupuesto del distrito”, explicó la funcionaria.
A su turno, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, manifestó su preocupación por la suspensión de los recursos, advirtiendo que “muchos de ellos, la mayoría, quedarán en el limbo”.
“Estamos en este momento ya trabajando especialmente con la Secretaría del Interior, quien tiene a cargo prácticamente todos estos programas, en unas contingencias, en buscar otros países, otros aliados”, dio a conocer Abonado.
Las gestiones incluyen acercamientos con Japón, Suiza, Corea y España para conseguir financiamiento alternativo. No obstante, reconocen que estos procesos toman tiempo.
“Todo esto es un tema de relacionamiento, toma un tiempo. La idea es que podamos rápidamente suplir esto y tocar estas puertas de una manera efectiva. Hacemos un llamado a todos estos países internacionales que tienen estos temas como prioridad para que vengan a Cartagena y nos apoyen, porque realmente nosotros estamos sufriendo las consecuencias fuertemente de estas suspensiones”, dijo María Abonado.
Si bien, la suspensión de fondos se ha anunciado por 90 días, no hay certeza sobre si serán renovados o reemplazados por otras fuentes de financiación, así lo dijeron desde la administración distrital.
“Aspiramos que en 90 días otra vez, sea por Usaid o por algún otro medio que el gobierno de los Estados Unidos estime pertinente, podamos recibir otra vez este apoyo y esta ayuda”, indicó Abonado.
Por ahora, el distrito ha logrado reunir un colchón financiero temporal con recursos de otras fuentes, pero estos no serán suficientes para cubrir toda la demanda de estos procesos.
“Tenemos unos colchones que habíamos ido consiguiendo por otras partes, pero realmente no es un colchón que nos dure los 90 días. Mientras tanto, sufriremos con recursos del distrito, que nos toca ver cómo sacamos desde la Secretaría del Interior”, finalizó.
