El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó la suspensión provisional de las resoluciones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que revocaban la prórroga del contrato de concesión portuaria otorgado a Grupo Portuario S.A. Esta decisión, emitida el pasado 13 de diciembre, representa un avance significativo para el concesionario en el marco de una disputa legal que ha captado la atención del sector portuario.
El conflicto se remonta a enero de 2024, cuando la ANI declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución 018615 de 2023, que había aprobado la extensión del contrato y la adición del Muelle 13 a las operaciones de Grupo Portuario S.A. En respuesta, el concesionario presentó una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, argumentando la legalidad de la prórroga.
El Tribunal concedió las medidas cautelares solicitadas por el concesionario, suspendiendo temporalmente los efectos de las resoluciones de la ANI y permitiendo la continuidad del contrato. Según Grupo Portuario S.A., esta decisión no solo respalda la estabilidad jurídica del contrato, sino que también protege la operación del servicio público esencial portuario en el Muelle 13.
En un comunicado, la compañía destacó que esta medida garantiza la estabilidad laboral de sus trabajadores en Buenaventura y promueve el desarrollo económico y social de la región. Además, reiteró su disposición al diálogo con las autoridades para encontrar soluciones concertadas que beneficien a la comunidad local y eviten un detrimento patrimonial para el Estado.
El caso, que aún se encuentra en curso, pone en el centro del debate la importancia de los puertos como motores económicos y el rol de la ANI en la supervisión de estos contratos estratégicos.
