La suspensión de los interventores que ha puesto el Gobierno en cinco EPS ha generado el deterioro progresivo del sistema, el aumento de los costos médicos y un incremento desproporcionado de las tutelas.
Hace dos años, el presidente Gustavo Petro lanzó una frase que terminó siendo tendencia en redes sociales y que hoy le pasa factura. En ese momento resumió con un “shu, shu, shu” lo que sería el desmoronamiento de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), que han sido el corazón del sistema y que atraviesan una grave crisis.
“Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto (de reforma a la salud). Dejo que pase lo que está pasando, y entonces shu, shu, shu, eso es un dominó. Ni siquiera hay que demorar pagos. Simplemente EPS quebradas, los afiliados tienen que pasar a las que quedan, y esas se caen”, dijo Petro en agosto de 2023.
Esa premonición es hoy una realidad. SEMANA conoció en exclusiva el último informe de la Procuraduría sobre la grave crisis de las EPS que intervino el Gobierno Petro por inestabilidad financiera, falta de medicamentos, aumento de costos médicos, incremento desproporcionado de quejas y tutelas e incluso una deuda billonaria que deja un panorama desalentador: “El permanente deterioro del sistema de salud en Colombia”.
La preocupante radiografía fue ratificada por la procuradora delegada para el sector salud, Mónica Ulloa, quien en diálogo con esta revista confirmó: “Encontramos un aumento importante de los costos médicos que tiene un impacto en la siniestralidad. Tenemos pérdidas patrimoniales acumuladas de más de 12 billones de pesos. El riesgo enorme siempre ha sido cómo puede responder una EPS frente a los prestadores que en últimas son los que brindan el servicio de salud”.
Ese panorama salió a flote en medio de las inspecciones que la Procuraduría ha venido adelantando desde julio de 2025 a las ocho EPS que han sido intervenidas por el Gobierno: AsmetSalud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Servicio Occidental de Salud (SOS), SaviaSalud y Nueva EPS. Todas esas entidades tienen a su cargo el aseguramiento de más de 23 millones de afiliados, casi el 44 por ciento de la población colombiana.
Los resultados han dejado al descubierto que la gestión de los interventores designados por la Superintendencia de Salud ha dejado graves coletazos que han provocado el deterioro de su operación. De hecho, la Corte Constitucional registró hasta diciembre del año pasado más de 312.000 tutelas por fallas en el sistema de salud; es decir, el doble de las que se radicaron en 2022. Lo particular es que la mayoría llegó por afiliados a EPS intervenidas.
Mientras los pacientes buscan por esa vía judicial acceder a servicios básicos de salud como consultas médicas, procedimientos quirúrgicos y medicamentos, la Procuraduría ha registrado un aumento desproporcionado de 183 por ciento sobre los incidentes de desacato a las órdenes de tutela.
Las cifras que reflejan el “shu, shu, shu” del presidente Petro son demoledoras: el 75 por ciento de las EPS intervenidas incrementaron estrepitosamente los gastos administrativos, el 78 por ciento presentan cifras de siniestralidad superiores a las previas en la toma de posesión, los pasivos se multiplicaron en dos años al pasar de 12,8 billones de pesos en 2022 a 30,4 billones a diciembre de 2024, y acumulan pérdidas patrimoniales por 12,8 billones.
“No hay plan, no hay vigilancia concreta ni medidas efectivas por parte de esos agentes interventores para garantizar la entrega oportuna de medicamentos y la prestación del servicio de salud en oportunidad, calidad y eficiencia. Todos los días estamos instando a las EPS, al Ministerio de Salud y a la SuperSalud para que cumplan con sus obligaciones, pero se queda uno corto con requerimientos y requerimientos, sin respuestas de fondo”, advirtió Ulloa.
La crisis de las EPS intervenidas por el Gobierno salió a la luz el 2 de marzo de este año, cuando la Procuraduría confirmó la suspensión temporal del cargo contra Wilmar Salgado y Carlos Betancur, los interventores de Savia Salud y Salud Servicio Occidental, respectivamente, argumentando que el incumplimiento de sus funciones y obligaciones pudo ocasionar el deterioro de la prestación del servicio y la sostenibilidad financiera, el aumento de la siniestralidad y los pasivos, y la disminución del patrimonio de dichas entidades.
El turno después fue para Coosalud, cuando el ente de control ordenó la suspensión del interventor Alexánder Mesa, argumentando que bajo su gerencia llegaron más de 107.000 PQR a diciembre de 2025, lo que deja un aumento del 32 por ciento en relación con el año de intervención. Además, se incrementaron en 21 por ciento las tutelas, y se presentó un aumento excesivo en las cuentas por cobrar, pasando de 66.000 millones en 2023 a 274.000 millones en 2024. Además, hubo problemas con el indicador de siniestralidad, la estructuración financiera y otros temas jurídicos.
Unos días después le llegó el turno a Lain Eduardo López, interventor de Asmet Salud, EPS que ha tenido seis agentes en casi tres años de intervención, la suspensión definitiva. El motivo fue similar a los anteriores: bajo su administración se dispararon en un 25 por ciento las tutelas para acceder al servicio, se aumentó en un 19 por ciento el deterioro de la sostenibilidad financiera respecto a siniestralidad y se reportó una pérdida de 399.884 millones de pesos sobre el resultado financiero integral.
La última interventora suspendida fue Betty Cecilia Anaya, a cargo de la EPS Capresoca, quien, según el fallo, “no resultó eficaz para mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud y la sostenibilidad financiera”. Se repite el “shu, shu, shu”: aumentó en 144 por ciento las PQR, lo que “refleja una violación masiva y sistemática al derecho a la salud”. Su administración dejó cifras en rojo en la siniestralidad, el valor de las facturas y lo pagado, y un patrimonio que disminuyó en 207.000 millones de pesos.
Esas cinco medidas dejaron al descubierto la grave crisis por la que atraviesan las EPS intervenidas por el Gobierno Petro, pero la preocupación se extiende a la entidad con más afiliados del país, la Nueva EPS, la cual, según la procuradora Mónica Ulloa, “no tiene estados financieros, ni auditoría contratada. Está represada la auditoría de las facturas y ha venido funcionando con anticipos para poder tener margen de maniobra de prestación de servicio con los prestadores”.
La Nueva EPS es la misma entidad que hoy se encuentra en un limbo jurídico tras el vencimiento de su intervención el pasado 3 de abril, una incertidumbre que ha dejado al Gobierno Petro evaluando si es necesario ampliar esa medida por un año más, mientras que la Procuraduría le ha pedido a la SuperSalud que explique con documentos las razones de esa prórroga.
Frente a esa delicada situación, la procuradora Ulloa manifestó: “La principal preocupación de la Procuraduría es el goce efectivo del derecho a la salud de los ciudadanos y el riesgo sistémico que se produce cuando no tenemos una certeza jurídica de qué pasa, por ejemplo, con la EPS más grande (Nueva EPS), que tiene más de 11 millones de afiliados, para garantizar esa atención en salud”.
El “shu, shu, shu” de Petro, documentado por los informes de la Procuraduría, tiene en jaque al sistema de salud con un deterioro progresivo en las principales entidades que prestaban ese servicio a los colombianos, mientras que la Corte Constitucional citó para el lunes 13 de abril una nueva mesa técnica para buscar respuestas del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el incidente de desacato que le abrieron frente a las insuficiencias detrás de la UPC, el pago que se hace por cada afiliado.
