Alfredo Saade, pastor cristiano, activista político y figura radical del petrismo, será el encargado de liderar el proceso de transición del contrato de pasaportes en Colombia. La designación ha generado alarma en sectores políticos y ciudadanos, no solo por su falta de experiencia técnica, sino por su historial de propuestas autoritarias como cerrar el Congreso de la República y restringir la libertad de prensa.
El nombramiento llega en un momento crítico. El actual contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, responsable de emitir los pasaportes en tiempos récord de 24 a 48 horas, vence el próximo 1 de septiembre. Si no se logra una transición ordenada, el país podría quedar sumido en una crisis institucional, con millones de colombianos sin acceso al documento más importante para salir del país.
Un “modelo listo” pero sin sustento
Saade ha asegurado que retomará el modelo propuesto por el excanciller Luis Gilberto Murillo, el cual, según él, permitiría que la expedición de pasaportes continúe sin traumatismos. Sin embargo, la actual canciller Laura Sarabia desmontó públicamente ese plan, alegando que carecía de viabilidad financiera, estaba pactado en euros, no tenía cronograma operativo ni trámites aduaneros aprobados, y no contaba con vigencias futuras.
A pesar de esas advertencias, el presidente Gustavo Petro insiste en desechar la prórroga mediante urgencia manifiesta con Thomas Greg —propuesta por la propia Sarabia— y ha ungido a Saade como el “solucionador” del problema, incluso por encima de la Cancillería.
¿Quién garantiza la calidad?
El nuevo modelo impulsado por Saade se basaría en un convenio entre Portugal y la Imprenta Nacional. Pero aquí surgen más dudas que certezas. ¿Tendrán los nuevos pasaportes la misma calidad técnica que los actuales? ¿Seguirán siendo reconocidos en Estados Unidos y la Unión Europea? Nadie en el gobierno ha respondido con claridad.
Además, la Imprenta Nacional enfrenta una crisis interna. Desde la llegada de Viviana León, designada por Petro como gerente, los sindicatos han reportado más de 80 denuncias por acoso laboral, siete despidos irregulares y un escándalo por la presunta retención de funcionarios dentro de la entidad. Todo esto ha llevado a que la Procuraduría, la Fiscalía y el Ministerio del Trabajo abran investigaciones.
Una pelea política de fondo
El caso de los pasaportes se ha convertido en una guerra interna dentro del gobierno. Por un lado, Murillo defiende su “modelo estructurado”, por otro, Sarabia se aferra al rigor técnico y legal, y ahora Saade, sin trayectoria administrativa, intenta posicionarse como el gran ejecutor de una orden presidencial que nadie más ha podido concretar.
Todo esto mientras millones de colombianos esperan una respuesta concreta: ¿habrá pasaportes después del 1 de septiembre? ¿Habrá continuidad en el servicio? ¿O la improvisación política dejará al país sin una herramienta básica para ejercer su derecho a la movilidad?
Lo cierto es que, en este momento, lo único claro es que el Gobierno ha preferido la lealtad política sobre la experiencia técnica. Y en el centro de todo queda Alfredo Saade, el mismo que hace unos meses soñaba con cerrar el Congreso y callar a los medios. Hoy tiene en sus manos la responsabilidad de que Colombia no se quede sin pasaportes.
