El gobierno de Gustavo Petro Urrego concretó una operación de colocación directa de Títulos de Tesorería (TES) por $23 billones de pesos colombianos (equivalentes a unos USD 6 000 millones) sin pasar por los mecanismos habituales de subasta competitiva, entregando toda la emisión a un único inversionista extranjero anónimo.
La transacción, autorizada en diciembre de 2025, fijó una tasa de interés promedio del 13,15 %, una de las más altas de los últimos años para este tipo de deuda. La falta de transparencia y el salto por encima de mecanismos de mercado tradicionales han generado alarma entre actores financieros y entes de control.
Aunque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostiene que se trató de una operación legítima dentro de la administración de la deuda pública, los detalles sobre el comprador no han sido revelados oficialmente debido a acuerdos de confidencialidad.
En los mercados y entre analistas circula con fuerza el nombre de Pacific Investment Management Company (PIMCO), un gigante gestor de activos con sede en las Islas Caimán que habría sido el único adjudicatario, aunque esta información no ha sido confirmada por el Gobierno.
El hecho ha generado fuertes cuestionamientos, ya que expertos señalan que cerrar una colocación tan grande con un solo actor y a una tasa tan alta puede implicar un deterioro patrimonial para el Estado colombiano y condicionar futuras necesidades de financiamiento.
Contraloría General de la República ya abrió investigaciones para determinar si la operación fue conducida con transparencia y respetando principios de eficiencia y competencia en la deuda pública.
