La polémica por los aviones suecos Gripen se convirtió en otro capítulo de la larga lista de escándalos que rodean al presidente Gustavo Petro. El mismo mandatario que en 2021, como opositor, calificó de “irresponsable” la idea de renovar la flota aérea del país, hoy enfrenta una tormenta política, judicial y diplomática por la adquisición de 17 aeronaves de combate de la firma Saab.
“El máximo grado de irresponsabilidad”, decía Petro hace cuatro años. Esa frase se le devolvió como un búmeran.
En Colombia, la Comisión de Acusaciones recibió una denuncia en su contra por presuntos delitos relacionados con la contratación: interés indebido, tráfico de influencias, fraude procesal, falsedad en documento público y posible sobrecosto en la compra.
La investigación también tocó puertas en Estados Unidos, donde se radicó una solicitud ante el Departamento de Justicia por posible corrupción transnacional, similar al escándalo que sacudió a Brasil cuando adquirió aviones de la misma marca sueca.
Pero la crisis no se queda ahí. La polémica se mezcla con el escándalo personal del presidente: la residencia de Verónica Alcocer en Estocolmo, su separación pública del mandatario y los lujos revelados por medios suecos han levantado dudas sobre una eventual incidencia de la primera dama en el millonario negocio. A tal punto que se anunció una denuncia ante autoridades anticorrupción de Suecia.
Mientras tanto, el ministro de Defensa Pedro Sánchez enfrenta una moción de censura que combina dos crisis: la compra de los aviones y el bombardeo en Guaviare donde murieron siete menores. Es la misma circunstancia por la que el petrismo tumbó a un ministro en el pasado.
Hoy, la historia parece repetirse… pero en su propio Gobierno.
