En un reciente pronunciamiento, el expresidente Álvaro Uribe afirmó que la metodología del fast track, propuesta por el presidente Gustavo Petro para agilizar el trámite de proyectos en el Congreso, es inconstitucional. Uribe argumenta que esta estrategia viola la Constitución y plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y legitimidad del proceso legislativo.
El expresidente expresó su preocupación por la posible existencia de actores “ocultos” detrás de esta iniciativa gubernamental, insinuando que hay intereses no revelados que podrían influir en la aprobación de los proyectos. Uribe instó a que se respeten los procedimientos constitucionales y se garantice una mayor claridad en el proceso legislativo.
Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente debate sobre la efectividad y legalidad del fast track, una herramienta que busca acelerar la aprobación de leyes en el Congreso, pero que ha sido criticada por su potencial para eludir el escrutinio y debate legislativo necesario.
