El contralor general de la República, Carlos Rodríguez, emitió una dura crítica al Gobierno nacional por la drástica reducción de los recursos de inversión asignados a la Contraloría General para 2025, lo que podría comprometer la vigilancia y control fiscal en el país.
En una carta dirigida al director de Planeación Nacional, Alexander López, el contralor solicitó reconsiderar el aplazamiento de $133.000 millones del presupuesto de inversión de la entidad. Según Rodríguez, esta decisión pone en jaque la operatividad del organismo, clave para garantizar la transparencia y la fiscalización de los recursos públicos.
Una reducción alarmante
El presupuesto de inversión solicitado por la Contraloría para 2025 ascendía a $424.844 millones, pero el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024 aprobó solo $186.701 millones, lo que representa una disminución del 56,05 %.
“El recorte presupuestal compromete la operatividad de la Contraloría General de la República”, afirmó Rodríguez, quien explicó que este ajuste afectaría especialmente los procesos de modernización tecnológica de la entidad.
Impacto en la modernización tecnológica
El contralor alertó que el aplazamiento de recursos ralentizaría la actualización de plataformas digitales esenciales, como sistemas de gestión administrativa, herramientas de ciberseguridad y análisis de datos. «Sin los recursos necesarios, sería imposible implementar tecnologías avanzadas como la automatización de procesos, el análisis predictivo y soluciones de Big Data, herramientas fundamentales para mejorar la vigilancia fiscal y la toma de decisiones», señaló.
Además, destacó que esta falta de inversión dificultaría el desarrollo de sistemas de análisis en tiempo real y la gestión eficiente de bases de datos relacionadas con la contratación pública, elementos clave para fortalecer la fiscalización y la transparencia.
Riesgo para la infraestructura y el cumplimiento misional
Rodríguez también subrayó que la medida impactaría negativamente la infraestructura física y tecnológica de la Contraloría, comprometiendo la conectividad de sus sistemas, la actualización de equipos y la modernización de sus instalaciones. Esto no solo afectaría la funcionalidad y seguridad de la infraestructura, sino también el cumplimiento de las responsabilidades misionales de la entidad, especialmente en las regiones.
“El aplazamiento de recursos pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios, la seguridad de los bienes y las personas, y el correcto desempeño del órgano de control fiscal”, advirtió.
Un llamado al Gobierno
Aunque reconoció la difícil situación fiscal que enfrenta el país, Rodríguez expresó su desacuerdo con la medida y subrayó las graves consecuencias que tendría para la Contraloría y el control fiscal en general.
“Esta decisión afecta la capacidad de la Contraloría para cumplir con su misión y pone en riesgo la vigilancia sobre los recursos públicos, un pilar fundamental para la transparencia y el buen funcionamiento del Estado”, concluyó.
El contralor instó al Gobierno a replantear esta decisión y garantizar los recursos necesarios para preservar la misión de la entidad en beneficio del país.
