Investigación de la Fiscalía expone nombres y proyectos clave en el escándalo
En una diligencia clave relacionada con la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, la Fiscalía reveló una lista de congresistas que presuntamente se beneficiaron con contratos de infraestructura a cambio de respaldar al Gobierno Petro. Esta investigación involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) e Invías, según audios obtenidos por SEMANA.
Entre los implicados se encuentran Juan Diego Echavarría, Jairo Castellanos, Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés, Juan Pablo Gallo, José Gnecco, Liliana Bitar, Karina Espinosa y Rafael Oyola, miembros de la Comisión Tercera del Senado. Según los audios, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría dado la orden de asignar los contratos para asegurar el apoyo legislativo.
Proyectos detallados por congresista:
Juan Diego Echavarría (Antioquia):
San Pedro: Proyecto de vías terciarias, valor $13.000 millones.
Angelópolis: Proyecto de vías terciarias, valor $7.000 millones.
Jairo Castellanos (Norte de Santander):
Catatumbo – Astilleros – Tibú – La Gabarra: Pavimentación, valor $10.000 millones.
Efraín Cepeda (Arauca):
Fortul – Caño Flores – Sitio Nuevo: Pavimentación, valor $12.292 millones.
Fortul – Palmarito – Alto Jordán: Pavimento flexible, valor $3.783 millones.
Juan Carlos Garcés (Valle del Cauca):
La Cumbre – Vijes – Tuluá: Rehabilitación de vías, valor $13.000 millones.
Mejoramiento de vías terciarias: Valor $14.000 millones.
Juan Pablo Gallo (Bolívar):
Magangué – Achí: Mejoramiento de la vía, valor $14.860 millones.
José Gnecco (Cesar):
Becerril – Pitalito: Varios contratos, total $18.000 millones.
Liliana Bitar (Córdoba):
San Pelayo: Vías rurales, valor $21.570 millones.
Karina Espinosa (Sucre):
Varsovia – El Delirio: Pavimentación, valor $12.600 millones.
Además, el secretario de la Comisión, Rafael Oyola, aparece mencionado en proyectos asignados, pese a que su rol no es el de congresista.
Este escándalo amplifica la tensión política, ya que algunos de los involucrados ya enfrentan procesos judiciales, como Juan Pablo Gallo, investigado por la Corte Suprema. Mientras tanto, las repercusiones continúan extendiéndose, y el país espera respuestas claras ante estas acusaciones que ponen en duda la transparencia de la gestión pública.
