La decisión del expresidente Iván Duque de congelar las tarifas del servicio de energía durante la pandemia generó un profundo impacto financiero en el sector energético. A pesar de que esta medida buscaba aliviar temporalmente a los hogares, el resultado ha sido una deuda acumulada que los colombianos aún están asumiendo en sus facturas mensuales.
Además, los usuarios deben cargar con un costo adicional que supera los 1.500 millones de pesos diarios debido al robo de energía, un problema que sigue sin solución. A esto se suman impuestos que no están relacionados directamente con el consumo y cuotas obligatorias que, en muchos casos, terminan beneficiando redes de corrupción política en lugar de mejorar la infraestructura del sector.
El impacto de estas cargas económicas en el bolsillo de los ciudadanos resalta la urgencia de revisar las políticas tarifarias y combatir de manera efectiva tanto el fraude como los intereses políticos que afectan el sistema energético del país.
