Aurelio Suárez Montoya
El aguinaldo de Petro al oligopolio de concesionarios es quizás el que empuja a la “lambonería” con el Gobierno al jefe de la Cámara de la Construcción de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, como lo acusó Germán Vargas Lleras y explica la defensa gremial que la justificó. No es para menos.
Cuando escribí Saqueo, al analizar las concesiones viales y 31 proyectos 4G, en asocio con Andrés Trigos concluimos que se trata de un nicho de inversión insuperable, que brinda a los capitales financieros domésticos e internacionales ensamblados un negocio cuyas ganancias son francamente exorbitantes y en cuya concepción no prima el interés estratégico nacional.
La prueba reina es la Ruta del Sol 2 con sus arandelas, la “joya” de Odebrecht, Corficolombiana y los Solarte. Estos dos últimos también recibieron de a cinco y de a cuatro proyectos 4G, financiados por Bancolombia y el Grupo Aval. A su vez, Sacyr, de España, y Odinsa, del GEA, de a cuatro y de a dos, con respaldo de conglomerados. Es un oligopolio de poderosos constructores y bancos que maneja 47 concesiones de carreteras de varias generaciones, cuyos retornos se derivan, entre otras cosas, de los peajes y de la plata pública de vigencias futuras, además de canales fiscales compensatorios.
El tema no es caprichoso. En el libro Analysis and Infrastructure Investment se plantea si el secuestro del desarrollo vial por intereses financieros tiene real impacto macroeconómico o si es solo un mercado que optimiza el respectivo beneficio-costo (NBER, Ramey, 2019).
Con ocasión del anuncio de la ministra María Constanza García de un alza a corto plazo del 10 por ciento en las tarifas de los peajes (Blu Radio, 16/12/24), es necesario retomar el debate para develar la expoliación que sobre la Hacienda, usuarios y ciudadanía en general se hace desde el modelo vigente de concesiones viales.
Caso representativo es el de las Autopistas del Café, nacidas en 1997, una de las cuatro que hoy maneja Argos-GEA como accionista mayoritario, que la conforma la doble calzada de Armenia-Pereira-Manizales y la transversal Calarcá-La Paila con siete peajes, del paquete de las que detenta desde que compró la mayoría de Odinsa.
Los ingresos reportados por peajes pagados por más de 100 millones de vehículos que circularon en los últimos ocho años, traídos a pesos constantes de 2024, se ven en el gráfico. En 2020 fueron más bajos por la pandemia y en 2023 por la caída del puente de El Alambrado, cuya verdadera causa, en falta de la más mínima trasparencia, se ha ocultado.
La suma de las entradas en ocho años es de 2,06 billones de pesos (millones de millones) y se puede cotejar con el monto de la inversión (Capex) y los gastos de operación y mantenimiento (Opex). La ANI dice que, durante 30 años de la concesión, los primeros valen 1,96 billones de pesos y los segundos, 1,22 billones de pesos. No obstante, como Argos solo responde por el último decenio, hasta 2027, esas erogaciones, en gracia de discusión, le sumarán, máxime, 1 billón de pesos. Es decir, se libra con uno de cada dos pesos que percibe.
Es más, el informe de gestión de Autopistas del Café en 2023 dice que en pesos de ese año la ganancia neta fue de 59.522 millones de pesos, lo que para un ingreso corriente de 231.532 millones de pesos, significa utilidad de más de un peso por cada cuatro recibidos, ¡más del 25 por ciento! Si se estudian las concesiones viales de Colombia, en la mayoría el resultado es similar o mejor. Viraron de constructores a rentistas de capital.
¿Lo ignoran el presidente Petro y su equipo? ¿No saben el balance de cada concesión y si ya se pagaron con creces? ¿Es necesario, como no lo es en Autopistas del Café, subir los peajes otro 10 por ciento?
Razón tiene el exdirector de la ANI, Louis Klein, cuando dice que el beneficio final es 100 por ciento. Lo peor puede venir. Autopistas del Café, en sociedad con el fondo internacional Macquarie, proyecta repetir “la hazaña” por otros 30 años con una Iniciativa Privada (IP), con la misma plataforma económica, pero con obras más insignificantes para los departamentos del centro del país, Así mandatarios regionales o gremios locales se agachen –ocontraponerse se vea poco “cívico”–, la única propuesta consecuente, por lo visto, es NO, ¡No más!
El aguinaldo de Petro al oligopolio de concesionarios es quizás el que empuja a la “lambonería” con el Gobierno al jefe de la Cámara de la Construcción de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, como lo acusó Germán Vargas Lleras y explica la defensa gremial que la justificó. No es para menos.
Aurelio Suárez Montoya
