El presidente estadounidense busca frenar las actividades ligadas al narcotráfico en América Latina
El Gobierno estadounidense, liderado por el presidente Donald Trump, anunció varias medidas para combatir el crimen trasnacional en América Latina. En primer lugar, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro, por los presuntos vínculos con el narcotráfico.
A la decisión se suma la inclusión del cartel de los Soles, supuestamente comandado por el líder chavista, según Washington, en la lista de organizaciones terroristas, marcando un punto de inflexión en la política exterior de la administración Trump
Según The New York Times, la escalada no se limita a sanciones económicas o diplomáticas: Donald Trump habría firmado una orden secreta que autoriza al Pentágono a emplear la fuerza militar directamente contra los carteles de la región.
El alcance de la medida es amplio. Entre los objetivos identificados figuran cuatro organizaciones con presencia en Colombia: las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y células del Tren de Aragua que están relacionadas con el negocio de tráfico de estupefacientes.
La lista de grupos designados como terroristas por Washington en febrero incluye a los seis principales carteles mexicanos —el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cartel del Noreste, el cartel del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana—, así como a la banda venezolana Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).
La información, obtenida por el medio citado a través de fuentes con conocimiento directo de la decisión, describe la instrucción presidencial como la más contundente hasta la fecha en la lucha de la Casa Blanca contra las redes de narcotráfico. La orden, de carácter reservado, otorga a las Fuerzas Armadas estadounidenses un marco legal para ejecutar operaciones militares unilaterales en el extranjero, sin requerir autorización previa del Congreso.
De hecho, el alto mando militar de Estados Unidos ya se encuentra diseñando estrategias para implementar estas acciones, lo que sugiere un cambio radical en la doctrina de intervención estadounidense en la región.
El trasfondo de esta ofensiva se encuentra en la crisis de fentanilo que afecta a Estados Unidos.Según la administración Trump, los carteles mexicanos producen este opioide sintético utilizando precursores químicos provenientes de China y lo introducen en territorio estadounidense, donde las muertes por sobredosis han alcanzado niveles alarmantes. La designación de estos grupos como terroristas y la autorización para emplear la fuerza militar directa se inscriben en la estrategia de la Casa Blanca para frenar el flujo de drogas y responder a la emergencia sanitaria interna.
No obstante, la iniciativa plantea interrogantes jurídicos de gran calado, puesto que el Gobierno estadounidense evalúa los riesgos legales de que sus fuerzas armadas eliminen a civiles o presuntos delincuentes que no representen una amenaza inminente, especialmente en operaciones no avaladas por el Congreso. La posibilidad de que tales acciones sean consideradas “asesinato” en el marco del derecho internacional o la legislación estadounidense añade una capa de complejidad a la ejecución de la orden.
Sumado a la vía militar, la administración Trump reforzó la vigilancia aérea sobre México mediante vuelos secretos de drones destinados a localizar laboratorios de fentanilo. Este programa, iniciado durante el mandato de Joe Biden, continúa bajo la actual gestión, aunque con la restricción explícita de no emplear fuerza letal.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum habló del supuesto nexo de Maduro con el cártel de Sinaloa. En su intervención en una rueda de prensa, indicó que su país no tiene pruebas de que el dictador venezolano esté asociado con grupos delincuenciales mexicanos.
“Es la primera vez que oímos ese tema, no hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso. Si tienen alguna prueba que la muestren, no tenemos ninguna prueba relacionada con eso”, señaló la mandatartia mexicana.
