Los esfuerzos por mantener los diálogos de paz con la autodenominada Segunda Marquetalia, encabezada por el exguerrillero Iván Márquez, han enfrentado un nuevo obstáculo legal. El Consejo de Estado ha admitido a trámite una demanda que argumenta la ilegalidad de dichos diálogos, poniendo en entredicho su legitimidad y futuro.
Según la demanda admitida, los diálogos con esta facción disidente de las FARC podrían estar violando el marco jurídico establecido para los procesos de paz en Colombia. Esta decisión judicial ha generado un debate acalorado entre defensores y críticos de la negociación con grupos armados disidentes.
Desde su reanudación en 2023, los diálogos han buscado consolidar un acuerdo de paz que asegure la reincorporación de excombatientes y la estabilidad en las zonas afectadas por décadas de conflicto armado. Sin embargo, la incertidumbre legal ahora podría afectar significativamente la continuidad y la efectividad de estos esfuerzos de reconciliación nacional.
Este nuevo desarrollo legal representa un desafío importante para el gobierno colombiano, que ha apostado por la negociación como vía para la consolidación de la paz y la reconciliación en el país. A medida que avance el proceso judicial, se espera que se clarifiquen las implicaciones legales y constitucionales de estos diálogos, que siguen siendo un punto clave en la agenda política y social de Colombia.