El llamado del presidente Nicolás Maduro para el alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana, previsto para el 23 y 24 de agosto de 2025, resultó ser un fracaso en la mayor parte del país, con baja asistencia y cuarteles vacíos. Aunque el mandatario aseguró que la inscripción había sido un éxito, las imágenes en plazas y bases militares mostraron lo contrario.
Tras este revés, Maduro volvió a convocar a la población para este fin de semana, pero fuentes consultadas por Infobae confirmaron que desde la madrugada del 28 de agosto se inició un reclutamiento forzoso en estados como Bolívar.
Habitantes de Tumeremo, El Dorado y La Camorra denunciaron la presencia de camiones y camionetas del Ejército venezolano que trasladaban jóvenes contra su voluntad. Una mujer de la zona minera relató que había advertencias de que a partir de las 10 de la noche iniciarían las “reclutas”, y confirmó que militares se llevaron a quienes encontraron en la calle.
📌 La Constitución lo prohíbe
El artículo 134 de la Constitución venezolana prohíbe expresamente el reclutamiento forzoso. Aunque establece el deber ciudadano de prestar servicios civiles o militares en defensa del país, garantiza que nadie puede ser sometido a “recluta obligatoria”. Sin embargo, la debilidad institucional deja a los afectados y sus familias sin mecanismos efectivos de protección.
📌 Oro y control militar
Las denuncias se concentran en el estado Bolívar, región estratégica por la presencia de minas de oro. El 26 de agosto, habitantes reportaron un fuerte despliegue militar en la Troncal 10, cerca de El Dorado, con al menos 17 vehículos del Ejército. Según fuentes locales, el operativo buscaba controlar zonas del Arco Minero, donde confluyen intereses económicos, militares y de grupos irregulares.
📌 Contexto regional
El llamado de Maduro se produjo como respuesta a la operación militar de Estados Unidos en el Caribe, anunciada tras la designación de varias organizaciones criminales —entre ellas el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles— como estructuras narcoterroristas. El gobierno venezolano prometió que “cinco millones de milicianos” saldrían a las calles, aunque la falta de voluntarios explicaría el uso de prácticas ilegales para cumplir con las cuotas de inscritos.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del régimen sobre el alcance de estos operativos ni sobre la magnitud del despliegue en Bolívar. Las comunidades mineras temen un aumento en la militarización y en la violencia en la región.
