El abogado Samuel Alejandro Ortiz ha solicitado al Consejo de Estado que acelere el proceso judicial contra el nombramiento de Gustavo Bolívar como director del Departamento de Prosperidad Social (DPS). La demanda, interpuesta el 25 de abril, argumenta que Bolívar no cumple con los requisitos necesarios para el cargo, específicamente en términos de experiencia administrativa y gerencial. Además, se acusa una posible desviación de poder por parte del Gobierno en su designación.
Ortiz, subrayando la importancia del principio de celeridad procesal y del debido proceso, ha expresado su preocupación por la falta de avance en el caso, que ya lleva dos meses sin resolución. La demora en una decisión podría afectar negativamente el funcionamiento del DPS, una entidad crucial para la implementación de políticas sociales en Colombia. Esta incertidumbre podría obstaculizar la ejecución de programas vitales para la población vulnerable, lo que hace aún más urgente una pronta resolución.
La acción judicial también plantea preguntas sobre la transparencia y la idoneidad de los nombramientos en altos cargos públicos, sugiriendo que la designación de Bolívar podría estar influenciada por intereses políticos más que por méritos profesionales. El desenlace de este caso podría establecer precedentes significativos sobre los estándares que deben cumplir los directores de entidades públicas en Colombia, asegurando que las designaciones se basen en competencia y experiencia, en lugar de favoritismos políticos.
El debate generado por esta situación pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de control y selección en la administración pública para garantizar que los nombramientos sean transparentes y adecuados, contribuyendo así a una gestión eficiente y justa de las instituciones del país.
