La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca anular el nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia. Según el organismo, el presidente Gustavo Petro estaría violando la propia Ley de Paridad de Género que sancionó el año pasado.
La norma exige que al menos el 50% de los cargos del máximo nivel decisorio en el Estado sean ocupados por mujeres. Sin embargo, en el gabinete actual hay 10 hombres y 9 mujeres, con lo cual el nombramiento de Montealegre rompe el equilibrio exigido.
“Tal como se ha indicado, el acto demandado vulnera de manera ostensible y directa la norma referida, al no garantizar el mínimo de participación femenina exigido, por lo que su legalidad se encuentra seriamente comprometida”, advirtió la Defensoría.
La propia defensora Iris Marín ya había advertido a Petro, el pasado 17 de junio, sobre el incumplimiento de la ley de cuotas en su gabinete. Aun así, el presidente siguió adelante con la designación de Montealegre, uno de sus alfiles más cuestionados.

